Al menos 40 familias están asentadas “ilegalmente” en 40 hectáreas del Parque Nacional de Mallasa, aunque los comunarios aseguran que son 180. Hace tres meses, la Alcaldía de La Paz inició un proceso penal y anuncia que volverá a pedir ayuda a la Policía.
“Teníamos constatado que estaban asentadas unas 40 familias. Hay unas 40 construcciones sólidas sin autorización”, informó Pedro Susz, director de Gobernabilidad de municipio paceño.
En diciembre de 2010, el Sindicato Agrario de Mallasa se asentó en el lugar alegando que sus integrantes son hijos y nietos de los dueños de esos predios, favorecidos con la Reforma Agraria.
“Somos comunarios, hijos, nietos de los colonos de Mallasa, nos corresponde (el predio). Somos más de 180 familias, la mayoría ya está viviendo”, ratificó Florencia Paucara, que habita el lugar desde 2012.
El sindicato ocupó más de un de quinto de toda la reserva forestal, que tiene una superficie de 203 hectáreas e incluye el zoológico Vesty Pakos, el Parque del Sol y el circuito de cuadratracks; y que limita al este con el río La Paz y al oeste con el río Achocalla.
La Razón visitó la zona y vio que más de 2.000 árboles fueron talados por los comunarios para habilitar espacio para sus construcciones precarias de ladrillo y estuco y, en algunos casos, con cemento.
Las viviendas son de un piso, algunas con techo de calamina, otras sin ella. Varios tienen garajes y acceso a sus calles de dos carriles, abiertas por ellos.
La mayoría de las casas están inconclusas, pues no tienen techados ni puertas, ventanas ni revoques. En otros sectores se ven pilas de ladrillos.
Susz repara que el sindicato agrario sólo representa a loteadores, ya que los verdaderos descendientes no se consideran representados por esta organización.
También recordó que el Gobierno Municipal de La Paz solicitó en tres ocasiones la intervención de la Policía y del Ministerio de Gobierno, y que en esa misma cantidad de veces no fueron oídos. “El proceso es de hace tres meses. El notificador de la Fiscalía (que llegó hasta el lugar) para que éstos presenten sus documentos de propiedad, que dicen tener, fue agredido. Seguiremos insistiendo a la Policía y a Aguas”.
La autoridad hace alusión a que el municipio está impidiendo que los asentados en esos predios logren conexiones de agua y de energía eléctrica. Los comunarios confirmaron esta situación.
“No tenemos luz ni agua, vivo con velas y para el baño y aseo bajamos el barranco hasta el río. Pedimos los servicios, pero la Alcaldía nos negó”, indicó Paucara.
Cada mes llega al sitio un camión aguatero que les cobra ocho bolivianos por turril. También algunas personas optan por ir hasta Aranjuez para recoger el líquido en baldes y bañadores.
Susz enfatizó que estas personas “no contarán con los servicios” por ser clandestinas. “No presentan una planimetría aprobada y no les vamos a aprobar en un asentamiento ilegal, espero que no lo haga Mecapaca”, manifestó la autoridad.
