El Consejo Andino de Defensores del Pueblo reunido hoy en Santa Cruz de la Sierra expresó su preocupación por el crecimiento de la trata y tráfico de personas en la región, la violencia hacia las niñas, niños, adolescentes y mujeres y la inseguridad ciudadana.
La preocupación se encuentra expresada en parte de la denominada “Declaración de Santa Cruz de la Sierra”, difundida esta tarde tras el encuentro que reunió en la capital oriental a los Defensores de Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia. El documento también recibió la aprobación del representante de Colombia, Jorge Otálora.
“Expresamos nuestra preocupación sobre el crecimiento en nuestra región de la trata y tráfico de personas, la violencia hacia las niñas, niños, adolescentes y mujeres, la inseguridad ciudadana y la persistencia de patrones culturales discriminatorios hacia migrantes y desplazados, que afectan especialmente a las poblaciones menos favorecidas y más vulnerables”, se lee en el cuarto punto de la declaración.
Durante su discurso de inauguración, el Defensor boliviano, Rolando Villena, quien preside el Consejo desde marzo pasado, dijo que uno de los temas que más preocupa es el recrudecimiento de formas de vulneración de derechos humanos, como la trata y tráfico, que dijo dejan en evidencia que en pleno siglo XXI se reproducen formas de esclavitud “que nos afectaron como continente y como humanidad hace más de 300 años, pero con la diferencia que esas realidades hoy son más solapadas, complejas e inhumanas”.
En ese marco, convocó a sus pares y a los estados andinos a generar mayores espacios de trabajo y reflexión conjunta sobre esta problemática, que afecta fundamentalmente a niños, niñas, adolescentes y mujeres.
En su declaración, los representantes andinos también destacan los cambios que se han registrado en los países de la región y que “han generado instrumentos jurídicos y políticas públicas que favorecen la participación ciudadana, la protección y el ejercicio de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables.
El contenido de la declaración es el siguiente:
DECLARACIÓN DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Los Defensores del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, Rolando Villena Villegas; de la República del Ecuador, Ramiro Rivadeneira Silva; de la República Boliviariana de Venezuela, Gabriela del Mar Ramírez Pérez y de la República del Perú, Eduardo Vega Luna, miembros presentes del Consejo Andino de Defensores del Pueblo, y contando con la aprobación plena del Defensor del Pueblo de la República de Colombia, Jorge Otálora, representado en este acto por el Defensor Delegado, Juan Manuel Osorio; reunidos en Santa Cruz de la Sierra -Bolivia, el 17 de Septiembre de 2013, en ocasión de celebrar su encuentro ordinario anual, acuerdan emitir la siguiente declaración:
Primero: Reafirmamos nuestra convicción que solamente la vigencia, el respeto y el ejercicio pleno de los derechos humanos individuales y colectivos pueden garantizar a nuestros pueblos la convivencia en sociedades con libertad, democracia, desarrollo, justicia, paz y equidad.
Segundo: Valoramos y apoyamos los profundos cambios que están implementando los Estados de nuestros países, que han generado instrumentos jurídicos y políticas públicas que favorecen la participación ciudadana, la protección y el ejercicio de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables, el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales y la vigencia plena de los derechos civiles y políticos.
Tercero: Alentamos a los gobiernos de nuestros países, a las instituciones internacionales de derechos humanos y a los organismos de integración regional a afianzarla promoción y defensa de los derechos sociales y derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Instamos de manera especial a la protección de los derechos a la educación, salud, seguridad, alimentación, agua y otros; fundamentalmente cuando se trata de personas y poblaciones de atención prioritaria.
Cuarto: Expresamos nuestra preocupación sobre el crecimiento en nuestra región de la trata y tráfico de personas, la violencia hacia las niñas, niños, adolescentes y mujeres, la inseguridad ciudadana y la persistencia de patrones culturales discriminatorios hacia migrantes y desplazados, que afectan especialmente a las poblaciones menos favorecidas y más vulnerables. Exhortamos a las instituciones nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, a intensificar sus esfuerzos para enfrentarlos estructuralmente con mayor disposición y eficiencia.
Quinto: Saludamos y apoyamos los avances logrados por los organismos multilaterales de integración regional como el Parlamento Andino, la Unión de Naciones Suramericanas, LA Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y la Comunidad Andina de Naciones para promover, fortalecer y defender los derechos humanos. Instamos a estas instituciones a generar mecanismos de articulación y trabajo conjunto que hagan más efectivos y eficientes estos esfuerzos y que les permita orientar todas sus iniciativas hacia el cumplimiento y vigencia de los derechos humanos de los habitantes de los países del área andina.
Sexto: Expresamos nuestra decisión de fortalecerla agenda común en temas de derechos humanos, destinada a afianzar los mecanismos de integración, coordinación y apoyo mutuo entre las instituciones miembros del Consejo Andino de Defensores del Pueblo, a fin de viabilizar el logro de nuestros objetivos que se expresan en la defensa de los derechos humanos, la autonomía e independencia, el fortalecimiento institucional, la solidaridad, el intercambio de experiencias e información y el debate de temas de interés común.
Séptimo: Asumimos como prioritaria para la gestión del Consejo Andino de Defensores del Pueblo, la implementación de iniciativas y proyectos comunes referidos a la trata y tráfico de personas; derechos de las personas migrantes; derechos de las personas adultas mayores; el intercambio de información y gestión del conocimiento y el fortalecimiento las acciones de educación en derechos humanos.
Santa Cruz – Bolivia, Septiembre 17 de 2013
