En siete meses de 2013 fueron registrados 243 denuncias de trata y tráfico de personas, lo que representa el 84% de los 288 casos reportados en todo el 2012. De ese total sólo uno llegó a juicio con sentencia, según datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo y el Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer (Cecasem).
Los datos fueron revelados en el marco de la celebración del Día Contra la Trata y Tráfico de Personas. Bolivia cuenta con una ley que prevé los agentes encubiertos, interceptación de llamadas telefónicas y la regulación de los viajes al exterior por trabajo, entre otras medidas, para luchar contra la trata y tráfico de personas.
La delegada adjunta de Programas y Actuaciones Especiales de la Defensoría del Pueblo, Griselda Sillerico, informó que la situación presente es preocupante en la medida que, pese a contar desde julio de 2012 con la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas N° 263 julio 2012, no tuvo impacto para reducir las cifras de ese delito.
“Los datos de la fuerza policial anticrimen indican que en 2010 se reportaron 335 casos, mientras que en 2011, 289; en 2012, 288 y hasta julio de este año fueron 243 casos. Esos datos nos preocupan mucho porque hay una norma pero no ha parado el delito”, expresó la delegada de la Defensoría del Pueblo.
La sargento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto Olga Isuta informó que en esa ciudad recibieron 81 denuncias en lo que va del año. Acusados en 10 casos fueron enviados a la cárcel con detención preventiva.
La uniformada precisó que fueron denunciados 412 casos de personas desaparecidas, la mayoría de ellos menores, de los que 372 ya retornaron a sus hogares.
Patricia Bustamante, directora del Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer (Cecasem), consideró que a un año y dos meses de haberse promulgado la ley Contra la Trata y Tráfico de Personas no hay avances en esa problemática y que sólo se logró sentencia en un caso, mientras que el resto –señaló- continúa en investigación.
“Si tendríamos que darle una calificación creo que estamos en el cinco o cuatro por ciento de avance, es decir casi nada, porque esta es una tarea del Gobierno y de la sociedad pero lamentablemente no se cuenta con los recursos”, advirtió.
Otra deficiencia en la norma, detectada por la especialista que dirige el monitoreo de las denuncias que se presentan a nivel nacional, es la protección a testigos y a los familiares. “En esta Ley no estamos protegiendo a la víctima, sus familiares o a los agentes encubiertos, por eso casi siempre desisten para dar con los culpables y que los sentencien. Además, la Ley indica que el Ministerio Público debería seguir con la indagación de oficio pero no hay ningún resultado en ese sentido”.
Los consejos departamentales para hacer seguimiento a las denuncias sólo fueron creados en La Paz, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. “No solo se necesita crear estos concejos, sino que cada Gobernación debería destinar recursos económicos y humanos para planificar una estrategia para la lucha, lo que tampoco está ocurriendo´, expresó Bustamante.
