El gobernador de La Paz, César Cocarico, expresó su descontento por la aprobación en la Asamblea Legislativa Departamental de una ley que declara de necesidad pública la construcción de un puente en el estrecho de Tiquina, porque dificultará el diálogo con los lancheros.
Además, calificó a los legisladores de “incoherentes”, ya que la norma le da responsabilidades “que no le competen” y que son de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Iván Uskamayta, dirigente de la Federación de Lancheros 2l de Septiembre de San Pedro de Tiquina, que reúne a un centenar de asociados, manifestó su acuerdo con la obra y anunció que presentará proyectos productivos para que sus afiliados no queden desocupados. “No nos sorprende. Estamos tranquilos. Será un desarrollo (para La Paz) y no vamos a tomar medidas (de presión)”, apuntó el sindicalista.
La Asamblea Legislativa Departamental aprobó la tarde del martes, con más de dos tercios de votos, la Ley de Declaratoria de Prioridad y Necesidad Departamental la Construcción del Puente Vehicular en el estrecho de Tiquina, que unirá a las poblaciones de San Pedro y San Pablo, las que actualmente están separadas por el lago Titicaca.
Alcance. La construcción de la plataforma fue acordada en marzo de este año por la Gobernación y la ABC para resolver un bloqueo de más de 17 días de campesinos de la provincia Manco Kápac, que protestaban por el alza del pasaje lacustre dispuesto de forma unilateral por lancheros y balseros.
El puente, de unos 800 metros, costaría más de $us 50 millones. “Primero hay que concertar, quién de ellos ha intentado concertar, y ahora nos complican más con esta ley, nos cortan la posibilidad de tratar con los lancheros con esa norma incoherente”, protestó el gobernador.
La ley cuenta con dos artículos. El primero señala que ésta “tiene por objeto declarar de prioridad y necesidad departamental el estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental y la construcción de un puente vehicular en el estrecho de Tiquina”.
El segundo autoriza “a la máxima autoridad del órgano ejecutivo departamental a realizar las gestiones administrativas y financieras necesarias (…) en aplicación al artículo 300, parágrafo I, numerales 7 y 35 de la Constitución Política del Estado para el cumplimiento de la ley”.
Ese artículo de la Constitución hace referencia que es competencia de las gobernaciones realizar la planificación, diseño, construcción, conservación y administración de carreteras de la red departamental, de acuerdo con las políticas estatales.
Sin embargo, Cocarico enfatizó que es labor de la ABC realizar la tarea del diseño. “El Gobierno departamental no tiene que hacer el estudio. Algunos del oficialismo y la oposición realmente no saben qué van a hacer. Qué carencia de análisis”, se indignó. La alcaldesa de San Pedro, Nelly Rodríguez, manifestó que como autoridad no le queda más que acatar la ley. En San Pablo, Luis Chambilla, presidente de la junta de vecinos, dijo que desconocía la norma.
Se anuncia reuniones con la ABC
Recursos
El gobernador de La Paz, César Cocarico, anunció que se reunirá con autoridades del Ministerio de Vivienda y Obras Públicas y con la Administradora Boliviana de Carreteras para buscar financiamiento para la construcción del puente.
“Seguiremos dialogando con este ministerio y por otro lado también buscaremos financiamiento para que la ABC pueda construir la obra, tanto en su etapa de estudio a diseño final como en su etapa de inversión”, indicó.
