El Gobierno nacional, a través de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, reclamó la propiedad del edificio central de la agencia de cooperación estadounidense Usaid en La Paz, y dijo que el proceso de expropiación iniciado por la Alcaldía “sería absolutamente ilegal”. Este criterio fue rebatido por la concejala Gabriela Niño de Guzmán del Movimiento Sien Miedo.
El edificio está situado en la avenida Guido Capra, Obrajes, y su valor catastral asciende a $us 2,5 millones. El 27 de septiembre, el Concejo Municipal aprobó por dos tercios de votos una ordenanza que autoriza la expropiación del inmueble.
Este edificio —argumentó Dávila— fue construido por Usaid con un crédito que “hemos pagado todos los bolivianos. No es una donación, ni un bien que haya pagado algún gobierno local en particular”. Añadió que la agencia estadounidense, expulsada de Bolivia en mayo, dejó todos sus bienes a disposición del Gobierno nacional bajo inventario notariado.
Sobre la expropiación comentó que “ellos (la Alcaldía paceña) no podrían hacer una cosa así, sería absolutamente ilegal, porque ése es un patrimonio del Estado boliviano”. Sin embargo, la concejala emesemista precisó que si el Gobierno nacional cree tener el derecho propietario, debe presentar la documentación durante el proceso de expropiación.
“Todos estamos obligados a respetar la ley y ésta dice que las alcaldías tenemos derecho a declarar de utilidad pública un bien y que quien se siente afectado debe presentar su documentación. No tenemos en este momento ningún documento que diga que el propietario es el Gobierno nacional”, añadió. También dijo que si la ministra cree que la ordenanza es ilegal “tiene el camino fijado por ley para representarla”.
