En los municipios de Quito, Ecuador, y Guatemala, de Guatemala, son las alcaldías, y no la Policía, las que controlan el transporte y tránsito urbano, a diferencia de lo que pasa en Bolivia, donde coexisten guardias municipales de transporte y el Organismo Operativo de Tránsito.
Las experiencias fueron expuestas por el director de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, Carlos Páez, y por el oficial de la Entidad Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) de Guatemala, Amilcar Montejo, quienes participaron como panelistas del III Congreso Internacional de Transporte Urbano Sostenible que se clausuró ayer en La Paz.
En el evento participaron como expositores expertos de cinco países y de organismos de financiamiento, además de los alcaldes de Potosí, René Joaquino; de El Alto, Édgar Patana; de Sucre, Moisés Torres, y de La Paz, Luis Revilla, concejales de Santa Cruz y Tarija, dirigentes de los choferes, vecinos y universitarios.
Proceso. Páez relató que la definición de las competencias sobre el control fue una larga y dura disputa en Ecuador desde 2008, cuando se reformó la Constitución Política del Estado. “La norma señala que es atribución de los municipios regular el transporte y tránsito. Sobre ello se estableció una estrategia de fortalecimiento institucional para asumir esta tarea con la contratación y capacitación de los recursos humanos”, explicó el ecuatoriano.
“Hubo confusión al principio y todavía estamos en este proceso, por eso hay evaluaciones constantes y estamos atentos a los resultados”, añadió. Bajo el paraguas constitucional se creó la Agencia Metropolitana de Control de Tránsito que cuenta con 1.240 agentes, vigila a una ciudad de 2,4 millones de habitantes y a medio millón de vehículos. Los funcionarios controlan coches, motocicletas, bicicletas y a los peatones.
Similar situación atravesó Guatemala, donde en 1998 se decidió transferir las competencias del tránsito y transporte, sostuvo Montejo. En ese marco, se creó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y una academia para capacitar a los agentes.
“Nosotros tenemos unidades especializadas que trabajan en diferentes áreas, por ejemplo, la que retira los vehículos averiados, que al día suman 150. Un solo vehículo afecta a 2.500 coches”, manifestó el funcionario guatemalteco.
La PMT cuenta con 800 efectivos, para controlar a una población cercana a los 2 millones de habitantes y a poco más de un millón de vehículos. En ambos municipios, la implementación de una guardia edil bajó los niveles de corrupción en el pago de infracciones (coimas en Bolivia).
“Es importante aclarar competencias en todos los niveles. Nosotros luchamos tres años para lograr la aceptación de todos los actores”, añadió. En Bolivia, los municipios de La Paz y El Alto implementaron sus guardias municipales de transporte, en paralelo con la Policía que controla el cumplimiento del Código de Tránsito a través de organismos operativos. Según el alcalde Revilla, todavía falta clarificar la normativa “para ejercer la regulación efectiva de forma paulatina”, apuntó.
A favor del transporte masivo
Declaración
Los nueve municipios de ciudades capitales de Bolivia y El Alto avalaron una declaración en la que se comprometen en buscar acciones para una movilidad urbana sostenible donde la prioridad la tenga el peatón, informó ayer el director nacional del Proyecto Aire Limpio, Freddy Koch, quien explicó que el documento será enviado a las alcaldías para que sea rubricado por los alcaldes. Se espera que esté listo a fines de octubre para ser presentado.
Durán descarta creación de empresas
A nombre de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, su ejecutivo Franklin Durán descartó que los sindicatos vayan a convertirse en empresas de transporte, como sugirió el especialista colombiano Alonso Salazar con base en la experiencia de Medellín.
El dirigente, quien participó ayer del III Congreso Internacional de Transporte Urbano Sostenible, advirtió además que de continuar los planes de implementación del sistema masivo, se “relocalizará” a unos 20.000 transportistas.
“Un empresario tiene que pagar impuestos, tener una organización estructurada y nosotros no podemos ser eso, peor aún cuando nos imponen tarifas que no están acordes con la economía”, expresó.
Según Durán, la Confederación acoge a 160.000 afiliados, de los cuales 80.000 prestan servicio urbano. Salazar sugirió que el cambio de un transporte sindicalizado individual a otro colectivo empresarial puede traer muchos beneficios a todos los actores sociales. Al respecto, el alcalde de Sucre, Moisés Torres, mencionó que en su municipio los sindicatos tienen grandes oportunidades para ser empresarios.
“Tenemos que intercambiar criterios y explicarles los beneficios. Si logramos consensos, sería una de las mejores alternativas para encarar procesos de transformación del servicio”, dijo. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, indicó por su parte que hay visiones distintas entre los dirigentes y que los choferes más jóvenes analizarán la solución con más amplitud.
“Lo que los transportistas tienen que considerar es que su propio sistema es ineficiente para ellos. Se benefician los dirigentes que son los que cobran el ingreso a los sindicatos, pero hay otros que, incluso, podrían ver que tendrían beneficios para su propio gremio”, apuntó.
Control del tránsito urbano
Carlos Páez: Director de Movilidad de Quito
Mejoramos el comportamiento ético de los funcionarios, pues con la anterior administración había poca transparencia en la imposición de multas, lo que cambió radicalmente.
Amilcar Montejo: Entidad Reguladora de Transporte Guatemala
Delimitar competencias con la Policía fue un proceso complicado hasta 2000, hubo enfrentamiento entre autoridades de bajo rango, pero ahora, la población nos apoya.
Luis Revilla: Alcalde de La Paz
La Guardia Municipal de Transporte tiene una serie de atribuciones que serán aplicadas paulatinamente. El principal detalle es definir con claridad las competencias.
