Diputados sancionó ayer la Ley contra el avasallamiento y tráfico de tierras, que establece penas de tres a ocho años de cárcel para los que sean denunciados como usurpadores de predios. Esta norma, además, dispone la oralidad de la demanda y celeridad en la resolución de los casos.
“Es una norma fundamental que se constituye en una respuesta a los esfuerzos que hace el Ejecutivo para luchar contra los avasallamientos y para dotarnos de seguridad jurídica, además de protección a la propiedad pública y privada”, explicó el asambleísta Héctor Arce (MAS) a La Razón.
En una anterior oportunidad, el vicepresidente Álvaro García expresó su preocupación frente a las constantes tomas de tierra que se produjeron, sobre todo, en el oriente: “Los avasalladores no triunfarán y serán retirados de las tierras que actualmente ocupan”.
Citada por la agencia ABI, la presidenta de la Cámara Baja, Betty Tejada, dijo que se trata de una ley que resolverá este problema “no sólo en lo rural, sino también en lo urbano, pero además de forma abreviadísima”.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) estiman que unos 79 predios agrícolas están intervenidos. Cada uno tiene un promedio de 700 hectáreas (ha), haciendo un total de 55.300 ha en manos de avasalladores.
El presidente de la Anapo, Demetrio Pérez, dijo desconocer el contenido de la normativa, pero aclaró que en una reunión previa presentaron sugerencias para la redacción del texto. Una de ellas era que la pena de cárcel supere los diez años, solicitud no tomada en cuenta por el Legislativo.
Disensos. En criterio de la diputada opositora Norma Piérola, la ley, tal como la sancionó la Cámara Baja, será inaplicable por las incongruencias en su redacción. “Dicen (los oficialistas) que es aprobar nomás, después lo vamos a arreglar. No quieren mover nada porque tiene que aprobarse por órdenes del ‘Evito’”, cuestionó.
El diputado Arce no comparte esta posición. “Es un instrumento totalmente útil, se lo ha trabajado en conjunto entre los órganos Legislativo y Ejecutivo”, precisó. Esta posición es compartida por el asambleísta Víctor Hugo Zamora (CN), que resaltó la necesidad y el carácter de urgencia que tenía la ley para su aprobación. “El gran problema de los avasallamientos vividos en los departamentos de nuestro país ha generado inestabilidad jurídica y social para el establecimiento del derecho propietario”, afirmó.
Otro aspecto observado en la norma es el referido a que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) es el garante del ejercicio del derecho de propiedad sobre predios en proceso de saneamiento. “No confiamos en el INRA por las denuncias que tiene. Deberían intervenirlo”, dijo la asambleísta Marcela Revollo (MSM). El legislador masista Franz Choque aclaró que es una ley transitoria, puesto que en 2014 se prevé tratar una más completa.
Las nuevas figuras
Avasallador
Persona que invade u ocupa con violencia o engaño tierras o inmuebles perturbando el ejercicio del derecho propietario.
Traficante
Persona que arrienda, negocia, compra, vende o permuta tierras que no son de su propiedad.
Agravante
Cuando el involucrado es o fue servidor público.
