Choferes del sindicato de transporte mixto Arco Iris iniciaron ayer un bloqueo de calles en el Distrito 3 para impedir que otras líneas ingresen al sector y anunciaron una querella en contra del alcalde Édgar Patana por incumplimiento de deberes.
El cierre de vías comenzó ayer en la mañana en las avenidas Litoral y Julio César Valdez, en el ingreso a Villa Adela. Los transportistas impidieron así el paso de vehículos particulares, minibuses de otros sindicatos y de micros que prestaban servicio público a los vecinos de Villa Adela.
El secretario Ejecutivo de este sindicato, Freddy Ortega, informó que existen 2.000 afiliados y sus familias que se están quedando sin fuentes de trabajo y sin un sustento de vida, debido a la resolución de la Alcaldía, emitida el martes, en la que se les prohíbe el ingreso a las zonas Villa Adela, Mercedario del sector 1 al 8 y Libertad. “Nos parece irresponsable de parte de la primera autoridad porque tenemos familia, cuentas en el banco y otros gastos, como todos”, aseveró.
La determinación del Ejecutivo Municipal se produjo en respuesta a la presión vecinal de Villa Adela, cuyos habitantes bloquearon las calles y avenidas del sector para impedir la circulación de los minibuses del sindicato Arco Iris. Los manifestantes tomaron esa determinación porque la Policía informó de la detención de cogoteros y atracadores en minibuses con letreros del sindicato Arco Iris.
El secretario municipal de Movilidad Urbana y Transporte, Ernesto Machicao, señaló ayer que esperarán la acción judicial de los choferes de Arco Iris, sin retroceder en su determinación. “No- sotros —dijo— solo hemos respondido a una demanda vecinal, que nos parece legítima”.
Ayer, los vecinos del Distrito 3 también continuaron con su bloqueo en contra de los minibuseros del sindicato Arco Iris y marcharon hasta las oficinas de la Alcaldía Municipal para demandar al Ejecutivo una resolución contraria a ese sindicato más clara y precisa y que diga “expulsión o suspensión definitiva”. “No está claro, queremos que diga expulsión o suspensión definitiva”, explicó la presidenta de la junta de vecinos del Plan 145, Tamara Ibáñez.
En el trayecto, al llegar a la Plaza de la Cruz, en la intersección con la avenida Bolivia, se toparon con un grupo de los choferes que bloqueaban la vía, a quienes les arrojaron piedras y palos. Aunque éstos no respondieron.
En la Alcaldía, los vecinos de este sector coincidieron con sus pares del Distrito 7 que también macharon hasta la Alcaldía con tres demandas. Una de ellas en contra de los transportistas de su sector, porque consideran que prestan un mal servicio y otras dos relacionadas con infraestructura urbana, como el pedido de la construcción de una doble vía.
Choferes piden diálogo
Demanda
Los choferes del sindicato Arco Iris de Villa Adela manifestaron que están dispuestos a dialogar con los vecinos del área de donde fueron expulsados para volver a prestar el servicio en mejores condiciones.
Respuesta
Los dirigentes de las tres juntas vecinales de Villa Adela, Plan 145, Plan 560 y Central Villa Adela, rechazaron el pedido de diálogo de los transportistas y les pidieron, en cambio, que abandonen la zona de manera definitiva. Aseguraron que seguirán bloqueando en contra de este grupo hasta que se vayan.
Alcaldía promete dar atención a demandas
El alcalde de El Alto, Édgar Patana, se comprometió ayer a cumplir las demandas del Distrito Municipal 7, consistentes en una mejora del servicio de transporte público, la ampliación de la avenida Juan Pablo II y la ejecución del planta de tratamiento de residuos sólidos.
Tras la reunión efectuada, entre las 13.00 y las 18.00 de ayer, Patana, el presidente del Concejo Municipal, Zacarías Maquera, representantes de la Administración Boliviana de Carreteras y los dirigentes firmaron un acta de compromiso.
“Haremos que la Ley Municipal de Transporte y sus reglamentos se cumplan, porque para ello fueron aprobados y promulgados”, dijo Patana. En lo que se refiere a la construcción de la planta de residuos de Tacachira dijo que se tendrá una reunión la próxima semana con los vecinos de este sector.
“Por razones de incumplimiento de las empresas quedó en nada el trabajo y por la complejidad del proyecto se hizo un ajuste al precio”, explicó el secretario municipal de Saneamiento Básico, Heriberto Mamani.
Patana añadió que Ardwell y Asociados, la empresa que se adjudicó la ampliación de la avenida Juan Pablo II o construcción de las dobles vías Río Seco-Huarina y Huarina-Achacachi, tiene un plazo de 90 días para comenzar la ejecución de las obras.
