Bolivia y México, a través de sus Defensorías del Pueblo, firmaron un convenio para impulsar acciones para la protección de los migrantes mexicanos que radican en el país y de los bolivianos que viven en ese país de América del Norte. El acuerdo tiene vigencia de tres años a partir de la firma.
«Nuestros hermanos y hermanas que viven en México o se encuentran temporalmente en ese país, y que sean sometidos a vulneración de sus derechos, no sólo tendrán nuestra protección, sino también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de ese país, lo propio ocurrirá en el caso de los connacionales mexicanos que serán defendidos en sus derechos por nuestra institución”, indicó el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, cita una nota de prensa de la Defensoría.
Villena recordó que la migración y sus consecuencias, como la trata y tráfico de personas y la explotación comercial y sexual, se han generalizado y globalizado y muchas veces bolivianas y bolivianos son víctimas de estos delitos en países donde no encuentran ninguna protección.
“Con este acuerdo, pretendemos hacer realidad los principios de nuestra política institucional que señala que ninguna persona es ilegal, que la migración es un derecho humano y que se debe globalizar el ejercicio pleno de los derechos humanos”, explicó.
El convenio que fue suscrito en diciembre de 2013 por Villena y el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, Raúl Plascencia. El mismo establece que se “desarrollará proyectos conjuntos que tengan por objetivo la protección y promoción de los derechos humanos de las ciudadanas y ciudadanos migrantes, bolivianas y bolivianos en México y de las mexicanas y mexicanos en Bolivia”.
El compromiso también establece la colaboración entre ambas Defensorías para contribuir a su fortalecimiento como órganos llamados a asegurar el sistema democrático, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos; fomentar una cultura de protección y promoción entre las sociedades de ambos países; colaborar en el establecimiento y consolidación de instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos en el mundo; unir acciones y recursos e intercambiar experiencias para la capacitación y formación de su personal.
Se acordó además, la asistencia técnica para el tratamiento de temas inherentes a la competencia de ambas instituciones, intercambio de información, cooperación técnica, informática y bibliografía de mutuo interés, compartir experiencias sobre investigación de quejas, políticas públicas, conflictos, derechos de pueblos indígenas y proceso de comunicación y educación en derechos humanos.
Ambas defensorías determinaron crear una Comisión Técnica, que se encargará de coordinar la elaboración y firma de programas específicos, vigilar el cumplimiento de los proyectos, facilitar y evaluar los resultados, entre otras tareas.
Villena afirmó que se busca acercamientos con otras Defensorías del continente y de España, que son miembros de la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo, de la cual él es Vicepresidente, a fin de lograr mejores formas de proteger los derechos de migrantes a través de la institucionalidad defensorial, “que se ha constituido en el más importante mecanismo de defensa de los derechos humanos en Latinoamérica”, aseveró.
