Los acusados por el Gobierno y la Policía de ser autores del asesinato de los hermanos Peñasco, el 25 de febrero de 2012, Félix Yupanqui, Quitacalzón, y Adalid Mamani, Botija, fueron sobreseídos por la Fiscalía alteña. Ambos piden una indemnización.
El abogado de los “sospechosos”, Guillermo Llacsa, anunció que cuatro de los siete detenidos por este caso fueron sobreseídos debido a que no se hallaron suficientes indicios para incriminarlos. Además de Yupanqui y Mamani, fueron beneficiados Monroy Dueñas y Calisaya Mamani.
Llacsa dijo que sus dos defendidos, Quitacalzón y Botija, pidieron cada uno una indemnización de 100.000 bolivianos por daños y perjuicios, por la exposición pública y por la quema de sus motorizados y prendas.
El 7 de marzo de 2012, ambos fueron detenidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en operativos realizados en varias zonas de El Alto. Al día siguiente, los vecinos enardecidos atacaron las viviendas donde moraban; sacaron a la calle sus prendas, muebles y motorizados, y les prendieron fuego. El 9 fueron remitidos a Chonchocoro por la jueza Karina Varea, debido a que “halló indicios que los dejaban en calidad de sospechosos”.
En aquella ocasión, Llacsa dijo que no había pruebas y que las que presentó la Fiscalía eran insuficientes, ya que, por ejemplo, no había presentado un estudio de ADN que demuestre que la sangre hallada en la ropa interior pertenecía a sus defendidos. “Sobreseimiento significa que nunca ha existido el hecho, nunca ha existido asesinato”, explicó ayer el abogado defensor.
Luego indicó que sus defendidos pidieron el resarcimiento de daños. “Mis clientes están solicitando 100.000 bolivianos por cada uno; tomamos en cuenta dos años en Chonchocoro, también se ha quemado la casa de estas personas, su movilidad, que era su fuente de trabajo”. La resolución de sobreseimiento fue emitida por la fiscal Eva Mujica el 30 de enero. En la Fiscalía indicaron que la puesta en libertad de ambos “no corresponde al Ministerio Público”.
El abogado Llacsa anunció que demandará la liberación de sus defendidos, situación que podría producirse en cualquier momento. La tía de los hermanos Peñasco, Angélica Layme, imploró a las autoridades que no liberen a los “prontuariados”, ya que serían un peligro para la ciudadanía. El director nacional de la FELCC, Fernando Mercado, se mostró extrañado por la determinación de la Fiscalía alteña.
