Un tribunal brasileño condenó ayer a las hidroeléctricas de Jiraú y Santo Antonio a proveer ayuda a los damnificados por la crecida del río Madeira. En Bolivia, el Gobierno espera los estudios sobre el impacto de las centrales en las inundaciones en Pando.
La decisión cautelar, tomada por el juez federal Herculano Martins Nacif, según EFE, obliga a las empresas a proveer a las poblaciones afectadas todas sus necesidades básicas (vivienda, alimentación, transporte, educación y salud) por considerar que contribuyeron a agrandar la inundación.
Las empresas deberán buscar o abrir rutas alternativas a las carreteras anegadas y por la inundación dejó aislado el estado de Acre, fronterizo con Perú y Bolivia, según la agencia española.
El fallo judicial considera que las constructoras de las represas “subdimensionaron” el tamaño de los reservorios, por lo que les obligó a rehacer sus respectivos estudios de impacto ambiental.
Las dos represas están ubicadas en el río Madeira, en el estado de Rondonia, fronterizo con Bolivia, y las inundaciones han tenido efecto en ese estado, en el de Acre y en el de Amazonas, donde miles de personas han sido obligadas a dejar sus hogares.
Cuando se anunció la construcción de las represas, el Gobierno de Bolivia advirtió la posibilidad de inundaciones a su lado de la frontera, pero las autoridades brasileñas siempre lo rechazaron, según el reporte de EFE.
En tanto el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó ayer que los resultados preliminares por parte de Bolivia sobre los efectos que causan las dos represas de Brasil estarán en tres semanas, informó ABI.
Según Quintana, dichos resultados brindarán información mucho más rigurosa sobre la posibilidad de un reflujo de las aguas generadas por esas represas.
“(El reflujo) es un fenómeno en el cual las aguas golpean las represas y retornan a territorio boliviano, prácticamente en el departamento de Pando”, explicó la autoridad gubernamental.
