La Autoridad de Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) tiene un plazo de diez días, que se cumple el viernes 21 de marzo, para pronunciarse sobre la divergencia por una presunta deuda de Bs 1,3 millones que enfrenta a la Empresa Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) con el Gobierno Municipal de La Paz.
El 10 de marzo, la empresa procedió a cortar el suministro del líquido al Palacio Consistorial y al edificio del ex Banco del Estado, instalaciones en las que trabajan aproximadamente 400 funcionarios ediles. Ayer se cumplió el quinto día sin agua y para paliar el problema, la Alcaldía optó por abastecerse con cisternas y comprar el líquido para hacer más tolerable la situación.
“El gobierno municipal presentó un reclamo por facturación elevada. El martes se llamó a una reunión de conciliación, pero no se llegó a un acuerdo. A partir de esa fecha corre un plazo de diez días para que la AAPS emita una resolución administrativa regulatoria, la que basará la normativa vigente”, explicó el director de la autoridad Edson Solares.
Solares remarcó que si bien la AAPS busca hacer respetar el derecho de los usuarios, éstos también tienen obligaciones.
La reguladora solicitó a EPSAS hacer llegar toda la documentación sobre la deuda cuyo pago exige y al gobierno local, sus descargos correspondientes.
“Tenemos hasta el 21 para pronunciarnos, pero calculo que tampoco nos vamos a tomar los diez días”, señaló.
