Con los votos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la abstención del Movimiento Sin Miedo (MSM), el Concejo de La Paz decidió convertirse en parte querellante contra tres funcionarios ediles encargados de la licitación del Puente Gemelo.
“Los servidores públicos Delfín Mancilla Torres, Rodrigo Soliz Bonilla y Lila Marín Escalante, serán denunciados por el Concejo Municipal ante el Ministerio Público por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por irregularidades en el proceso de licitación de los Puentes Gemelos (sic)”, señala la resolución.
Tras su aprobación, el presidente del Legislativo edil, Omar Rocha, exaliado del MSM, es quien debe apersonarse ante la Fiscalía para viabilizar esta decisión, expresó anoche el concejal del MAS Jorge Silva.
El 30 de enero, la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, denunció ante la Fiscalía a los tres funcionarios por los delitos de daño económico al Estado e incumplimiento de deberes por un “posible sobreprecio de más de Bs 6 millones”, que benefició a cuatro exfuncionarios ediles ligados al consorcio que se adjudicó la construcción de la obra.
Mansilla Torres fue responsable de la elaboración de los términos de referencia; Soliz Bonilla es oficial mayor de Infraestructura Pública y Marín Escalante, abogada de esta oficina.
El argumento de la autoridad gubernamental es que en la primera convocatoria se fijó un monto referencial de Bs 37,3 millones, aunque la obra se adjudicó en más de Bs 44 millones.
El gobierno local explicó entonces que en 2012 se declararon desiertas dos convocatorias públicas y que aunque el artículo 2, parágrafo V, del Decreto Supremo 0956 le facultaba a efectuar una contratación por excepción, decidió llevar adelante una tercera licitación.
El 25 de marzo de 2013, en apego al decreto 0181, hizo una actualización de los precios unitarios del proyecto, que arrojó un monto de Bs 44,065.947,84, aunque la obra se adjudicó en un monto Bs 31.734 menor.
