El Ministerio Público imputó formalmente ayer a tres funcionarios del Gobierno Municipal de Oruro como presuntos responsables del colapso durante la Entrada del Carnaval, hace 21 días, de una pasarela provisional que segó la vida de cinco personas y dejó heridas a 92.
Los imputados por los delitos de lesiones culposas, homicidio culposo e incumplimiento de deberes son Róger Joaquín Copa Condori, oficial mayor de Gestión Urbana; Shirley Teresa Javier Sejas, funcionaria de Obras Públicas, y Patricia López Bermúdez, de la Unidad de Mantenimiento de Vías.
La Fiscalía General del Estado anunció, desde Sucre, que junto con la imputación formal, se solicitó al Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal la detención preventiva de los acusados en la cárcel de San Roque, porque existiría peligro de fuga y obstaculización.
La comisión de fiscales dio a conocer la decisión en una conferencia de prensa aproximadamente a las 18.30, después de tomar declaraciones informativas a los tres imputados la mañana y parte de la tarde de ayer.
En el encuentro con los periodistas, también se dio a conocer que ya existe un informe técnico de los ingenieros civiles del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que concluye que la pasarela no era apta para el uso peatonal por fallas en su soporte.
“La investigación de nuestros fiscales y las pericias realizadas por peritos de IDIF refieren que existió un desnivel en el anclaje de las zapatas que sostenían la pasarela, hecho que estaba bajo su control y supervisión”, explicó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
Pasos. El fiscal de materia Aldo Morales dijo que hasta el lunes 24 se tendrá la fecha de la audiencia cautelar, en la que el Ministerio Público ratificará su solicitud de detención preventiva de los tres funcionarios ediles imputados.
“Ésta es la primera imputación en contra de tres personas, en una primera parte de las tareas investigativas. A medida de que vayan llegando peritajes solicitados si se ven indicios de responsabilidad en contra de personas particulares o de funcionarios públicos, el Ministerio Público va a ampliar la imputación y proceder conforme a derecho”, informó.
Morales no descartó que sean citados a prestar declaraciones informativas representantes de instituciones privadas, a las que no identificó, que también son investigadas por la comisión de fiscales, en función a lo que establezcan los informes periciales.
“Las investigaciones no han concluido, sino que están empezando y, en ese sentido, no se descarta la ampliación de imputaciones en contra de otras personas”, apuntó. La comisión de fiscales está integrada por Alfredo Santos, Aldo Morales y Lindon Requena.
La investigación fue iniciada el 1 de marzo, el mismo día en que el puente peatonal metálico se desplomó justo en el momento en que pasaba por debajo la Banda Espectacular Poopó, que hacía el marco musical para la Diablada Ferroviaria de Oruro.
Los fallecidos a causa del accidente son Virgilio Huanca Cahuana, de 25 años; Saturnino Patzi Choque, de 52; Isidro Pinero Mamani, de 64 y Germán Olguín Lipiri, de 45, todos músicos de la banda, y el espectador Herlan Álvarez Córdova, de 24 años.
Penas que establece la ley
Penal
Por lesiones culposas, el Código Penal establece una multa de 240 días o la prestación de trabajo de hasta un año. Por homicidio culposo, reclusión de seis meses a tres años. Si hubo una grave violación de deberes inherentes a un cargo, la reclusión será de uno a cinco años y el incumplimiento de deberes se castiga con uno a cuatro años de cárcel.
Paso peatonal pesaba cinco toneladas
La pasarela que se desplomó en Oruro el sábado 1 de marzo pesaba cinco toneladas y tenía una superficie de 70 metros cuadrados, señaló Alfredo Navarro, gerente general de Ingeniería y Tecnología en Acero (Iteca), el día de la reconstrucción, el 6 de marzo. Iteca fabricó la estructura.
El Gobierno Municipal de Oruro adquirió tres de estos pasos peatonales, cada uno costó Bs 240.000 y por el montaje, desmontaje y mantenimiento la compañía cobró Bs 28.000.
La estructura tenía tres años de antigüedad y después de su utilización de tres días, desde 2012 hasta 2014, era depositada, junto con las otras, en el exmatadero municipal, que en principio no tenía muros de protección, por lo que estaban a la intemperie y sufrían los embates del clima.
