El anteproyecto de Ley de Gremiales —que eleva de rango la Ordenanza 101/94, que da inamovilidad a puestos de venta en vía pública— abre la puerta a la reubicación para precautelar el desarrollo colectivo, siempre que sea concertada.
El documento, de cinco artículos, es iniciativa de la concejala Gabriela Niño de Guzmán (MSM) y fue entregado para su socialización el viernes 28 de marzo a la Federación Departamental de Trabajadores Gremiales del Comercio Minorista de La Paz.
“En virtud de la necesidad de precautelar el interés colectivo y regular el desarrollo urbano, el Ejecutivo Municipal podrá efectuar la reubicación de comerciantes en vía pública legalmente autorizados (…)”, señala la propuesta en su artículo tercero.
El cuarto establece que: “La competencia del Ejecutivo Municipal a decidir sobre el uso del espacio público no puede ser delegada, bajo ninguna circunstancia, a ningún grupo o sector de la población, debiendo ejercerse esa atribución precautelando los derechos de todos los sectores concernidos”.
“Este anteproyecto efectivamente busca elevar a rango de ley la Ordenanza 101/94 sobre la inamovilidad de los puestos de venta. Sin embargo, en los artículos tres y cuatro se habla de reubicaciones y eso no lo aceptamos, por eso rechazamos la iniciativa y, en los próximos días, vamos a hacer conocer nuestra postura”, advirtió la dirigente gremial Mabel Machicado.
Los gremiales de La Paz basan la inamovilidad de sus puestos en la Ordenanza 101/94, aprobada en 1994 durante la gestión de Mónica Medina.
Silencio. Esa norma consta de dos artículos. El primero dispone la inamovilidad de los puestos de venta que cuenten con las autorizaciones; el segundo, prohíbe más asentamientos en las calles de la ciudad de La Paz. La Razón intentó contactarse por teléfono móvil con la concejala proyectista, sin éxito. La semana pasada, además, solicitó formalmente una entrevista.
El Concejo edil había puesto en agenda el tratamiento de la normativa; sin embargo, ésta fue suspendida hasta que se termine de consensuar con los gremiales, sostuvo el concejal Jorge Silva, del Movimiento Al Socialismo (MAS). “Es una respuesta paliativa, nosotros estamos trabajando un proyecto que implique derechos y obligaciones”, anunció.
