El magistrado Ruddy Flores justificó su disidencia en el fallo de la ley del seguro para los trabajadores de la prensa al señalar que esa norma debía ser declarada constitucional, sin ninguna condición ni exhortación y menos con la participación del Estado en su financiamiento.
Cuatro de los siete magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitieron la anterior semana el fallo sobre la Ley de Seguro de Vida para Periodistas, declarando inconstitucional el porcentaje de aporte de los medios de comunicación (1%). Además de establecer la inclusión del Estado en su financiamiento y una nueva estructura del directorio para manejar los fondos.
Flores, junto a sus colegas Neldy Andrade y Mirtha Camacho, no estuvo de acuerdo con el contenido del fallo porque “se creó en forma arbitraria un seguro a favor de un grupo de trabajadores de la prensa, discriminando al resto de los trabajadores de la población”, explicó el expresidente del TCP.
También argumentó que la sentencia crea un seguro doble para los trabajadores de la prensa, en desmedro de otros comunicadores, ya que varios medios de comunicación tienen un seguro contratado que cubre aspectos de invalidez temporal o permanente.
Aseguró que el fallo crea políticas públicas al determinar que el Estado financie el seguro y sostuvo que ése no es el rol del TCP, porque “lo único que debía hacerse es declarar legal o no esa ley”.
“El Tribunal Constitucional no tiene competencia para imponer ningún tipo de seguro al Estado, que no se encuentre dentro del seguro social público y obligatorio”, expresó Flores, a tiempo de resaltar que “esta situación es legalmente imposible, lo que deriva a su vez en la inviabilidad de la existencia del seguro, privando ese beneficio tan urgente y necesario”.
