En comunicados institucionales, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), que reúne a los profesionales del rubro, y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a los principales diarios del país, rechazaron la acción legal que promovió la Procuradoría General del Estado en contra de la directora de La Razón, Claudia Benavente, y el periodista Ricardo Aguilar.
En una denuncia tramitada ante la Fiscalía de Distrito de La Paz, el procurador general del Estado, Héctor Arce Zaconeta, solicitó investigar a los dos periodistas por los supuestos delitos de “espionaje” y “revelación de secretos”.
Argumentos. La APLP recordó que en el país aún no existe una normativa sobre la codificación de “secretos de Estado” porque no hay una ley de acceso a la información pública que haga valer el derecho de los ciudadanos a estar informados. En cambio, recordó que sí está vigente la Ley de Imprenta, que en su artículo 8 establece que el secreto de fuente “es inviolable”.
La ANP, en ese mismo marco, exigió “el respeto a la norma vigente en la demanda interpuesta por el Procurador General del Estado” y precisó que “un reportaje periodístico debidamente respaldado, según la praxis y las normas periodísticas, no puede ser objeto de censura y menos de una sanción penal”.
