Luego de que sus dos principales ejecutivos dijeran respectivamente que el juicio a La Razón es “una cortina de humo” y “una tramoya” gestada desde el Gobierno, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) resolvió solidarizarse con el diario.
Según el comunicado, la APLP rechaza “los permanentes intentos de judicializar la libertad de expresión y los intentos de hostigar a medios de comunicación acusándolos públicamente de ser “agentes chilenos” y reafirma la vigencia del secreto de fuente “como el valor más preciado por los periodistas”.
La decisión se conoció siete días después de una declaración de la titular de la entidad, Lupe Cajías, en la que calificó de “cortina de humo” el juicio que instauró la Procuraduría General del Estado en contra de este medio. Cuando la periodista se expresó así en una entrevista con el programa No mentirás de la red PAT, le faltaban 24 horas para asumir la presidencia de la APLP.
En coincidencia con el pronunciamiento de la organización, el vicepresidente de la APLP, Raúl Peñaranda, publicó ayer su artículo Juicio a La Razón, ¿genuino o tramoya? en el diario El Deber, en el que dice que “esa denuncia genera dudas” respecto a la acción real del Gobierno. Este texto ya había sido difundido en Página Siete el mismo día de su posesión, el sábado 10 de mayo.
Peñaranda, además, escribió que la estrategia del Gobierno es muy riesgosa: “O le quitan la publicidad (a La Razón) y el juicio sigue o se demuestra que la acusación es parte de una tramoya”.
El procurador general del Estado, Héctor Arce, instauró una querella contra el periodista de La Razón Ricardo Aguilar por los delitos de “espionaje” y “revelación de secretos”, mientras que a la directora del diario, Claudia Benavente, por “complicidad”. La demanda se originó en el reportaje De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los “actos unilaterales” que se publicó el 13 de abril en el suplemento Animal Político y, según los argumentos, “revela información reservada”. En un comunicado, La Razón afirmó que la información del reportaje fue conseguida de manera lícita y cumpliendo con los rigores que establece el oficio.
Sobre la base de este proceso, el juez 11° de Instrucción en lo Penal, Jhonny Machicado, ordenó a Aguilar revelar la fuente que empleó para redactar su reportaje. La defensa de este rotativo apeló la decisión del juez, en tanto varias organizaciones del gremio, nacionales e internacionales, exteriorizaron su respaldo y condenaron la acción legal porque fue encausada al margen de la Ley de Imprenta, en cuyo artículo octavo se establece la inviolabilidad del secreto de imprenta. De hecho, el directorio saliente de la APLP ya había manifestado su rechazo a la acción del Procurador.
