Detrás de las agencias de empleo pueden operar redes de trata y tráfico, advirtió la representación departamental de la Defensoría del Pueblo, que funda este temor en al menos un caso y en que la cartera de Trabajo no aprobó un reglamento para regular su funcionamiento.
En abril de este año, una adolescente de 17 años fue contratada como niñera para una familia que residía en la localidad de Palos Blancos a través de uno de estos negocios, pero una vez allí, fue obligada a trabajar como mesera y dama de compañía, dormía dos horas y no le pagaron. Escapó luego de dos semanas de martirio.
“El gran delito es que detrás de estas agencias hay redes de tratantes y delincuentes que lucran con la vida humana. No estamos afirmando que los dueños estén en complicidad con los tratantes, sino que pueden ser utilizados por ellos”, sostuvo Teófila Guarachi, representante de la Defensoría del Pueblo en La Paz.
Puede que “alguien solicite que una niña venga a cumplir servicios domésticos, pero una vez que se la lleva, la encierran y las prostituyen”, declaró a La Razón. Durante la mañana de ayer, la representación departamental efectuó verificaciones defensoriales en 15 agencias de empleo situadas en ocho puntos de la ciudad.
Vacío. En el recorrido, se comprobó que todas cuentan con autorización del Gobierno Municipal o del Servicio de Impuestos Internos, pero no del Ministerio de Trabajo, la instancia competente como establece la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas, que rige en Bolivia.
Esa cartera ministerial se pronunciará hoy sobre los problemas advertidos por la Defensoría. Las verificaciones se efectuaron en agencias ubicadas en la calle Nataniel Aguirre, próxima a la plaza Garita de Lima; en la avenida Buenos Aires; en la calle 18 de Achumani; en la calle Pazos Kanki; en la calle Casimiro Corrales de Miraflores; en la Figueroa y Graneros; en Los Pinos y en Villa Copacabana.
“No hay un ente regulador que permita prevenir los casos de trata y tráfico”, destacó Guarachi.
Por ejemplo, una agencia que tiene sus oficinas en la avenida Buenos Aires coloca a adolescentes de 14 y 15 años y lo único que pide es el número de teléfono móvil. No les informa de la actividad que realizarán, dónde serán empleados, ni especifican su salario. “También evidenciamos que no tienen un libro de registro, envían gente sin saber bajo qué condiciones, ni a dónde y las adolescentes que van son engañadas”, alertó.
Constancio Morales, de la agencia Miraflores, aseguró de que no contratan menores. Cuando se le preguntó cómo verifican si su personal no es víctima de trata y tráfico, respondió: “llevan un contrato de trabajo”. La Defensoría pretende que la cartera de Trabajo apruebe el reglamento para que las agencias de empleo tengan control, como dispone la ley contra la trata. “Tiene la obligación de emitir una normativa”.
La ley 263 y la labor del gobierno
Defensoría
El artículo 25 de la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas (N° 263) aprobada el 31 de julio de 2012, con relación a las agencias privadas de empleo dispone que: “El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante reglamentación específica, determinará los requisitos para su funcionamiento, derechos, obligaciones, inspecciones,n prohibiciones y sanciones a efectos de prevenir la Trata y Tráfico de Personas (…)”.
