En tres semanas, Cándida E. V. dará a luz a su segundo hijo. Ella vive en el refugio Dignidad tras haber denunciado maltrato y un aborto que le provocó su pareja, quien la encerró por tres días con su bebé en un cuarto, sin agua ni comida.
“Yo no sabía lo que era abuso intrafamiliar. Luego de ilusionarme, él me llevó a su casa, quedamos en convivir. Los primeros seis meses fueron buenos, luego comenzaron los insultos con las borracheras”, contó la mujer de 33 años, quien tenía un hijo de siete meses cuando lo conoció.
Freddy Q. R., de 44 años, oficial naval, quien tiene tres hijos de una relación anterior, la llevó a su casa, donde también vivían sus padres, y adoptó al pequeño como suyo. “Sin embargo, su madre, al enterarse de que el padre era otro, me insultaba, luego lo hizo mi pareja, hasta llamó bastardo a mi pequeño”.
La familia del militar la echó de la vivienda, pero Cándida E. V. estaba embarazada de tres meses, por lo que le habilitaron un cuarto de dos por un metro, con dos ventanas selladas, donde la confinaron junto a su hijo.
Para esta madre, el 7, 8 y 9 de junio de 2013 son los días más duros de su vida. El 7, el oficial colocó un candado en la puerta principal de la habitación, encerrándola junto al bebé. “Mi hijo tomaba (leche de) fórmula, no tenía agua ni comida, entonces opté por darle en su biberón mi propio orín”, relató.
Al tercer día, al salir del castigo, él le advirtió: “Espero que hayas escarmentado y hayas aprendido la lección, y si crees que vas a amarrarme (con el nuevo hijo), te has equivocado”.
Entonces, ella optó por escapar a la casa de una amiga, ya que es huérfana. Pasó un mes, el hombre se mostró arrepentido, la buscó y un día se encontró con él en la plaza Murillo. Al ingresar a una cafetería, él la empujó, la mujer cayó al suelo y perdió al bebé.
Defensoría. Cándida presentó una denuncia al Comando Departamental de la Policía, pero después volvió a enamorar con el militar. “Fue ahí cuando me embaracé otra vez, pero continuó con los maltratos. Fui a la Defensoría del Pueblo, luego me destinaron a este refugio y ya estoy acá como seis meses”.
El artículo 267 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia dispone que “quien mediante violencia física, psicológica o sexual le causare un aborto, será sancionado con reclusión de cuatro a ocho años”.
Ella recordó que cuando aún convivían, él le dijo que la muerte de Analí Huaycho a manos de su esposo, el policía Jorge Clavijo, “no se iba a comparar” a lo que le iba a hacer. “Nadie se va a dar cuenta”, le advirtió.
Ahora, a pocos días de dar a luz, ella espera que alguna institución pueda darle trabajo, ya que deberá abandonar pronto el refugio del Servicio Departamental de Gestión Social. “Quiero que pague por el bebé que perdí”, señaló ayer.
