El Centro de Orientación Socio Legal para Adultos Mayores (Coslam) recibe 25 denuncias a diario por maltrato familiar, errores de documentación y abuso de confianza contra personas de la tercera edad de La Paz y El Alto.
“Una autoridad de mi pueblo entró a mi casa, me sacó a la fuerza y me botó al piso. Me dijo que abandone mi hogar porque estaba vieja y ya no producía nada en mis terrenos. Me golpeó fuerte la cabeza y a pesar de que pedí ayuda, él seguía lastimándome”, contó Carmen Apaza de 68 años.
Al igual que Apaza, varias personas de la tercera edad llegan a diario de la ciudad y del interior a las oficinas del Coslam en busca de ayuda y orientación.
“Antes los abuelitos eran los sabios, pero hoy están desvalorizados debido a que ahora nos centramos en conseguir trabajo y dinero, y los dejamos solos. No nos damos cuenta de lo valiosos que son solo hasta que mueren”, aseguró Jenny Andrade, coordinadora del Coslam.
A raíz de la recurrencia de este tipo de casos en el mundo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) decretó el 15 de junio como el Día Internacional Contra el Maltrato al Adulto Mayor, con el fin de crear conciencia social y políticas contra los abusos hacia las personas de la tercera edad.
Cifras. Andrade indicó que en 2013 se atendía un promedio de 20 casos al día, pero en los primeros cinco meses del año se incrementaron a 25; la mayoría es por maltrato físico y psicológico. “Aparte de la violencia física como golpes y empujones, los adultos mayores reciben insultos debido a su edad y eso es más difícil de curar”.
Otros casos tienen que ver con rectificación en documentos de identidad y abuso de confianza. “A veces los propios hijos se apoderan de objetos o terrenos de sus padres sin autorización y con la excusa de que éstos ya están en sus últimos días”, explicó Andrade.
Mientras que en la Defensoría del Pueblo, en 2013 se recibieron 843 denuncias más de vulneración de derechos de los adultos mayores con relación a 2012, año en que los casos sumaron 2.400.
El artículo 67 y 68 de la Constitución Política del Estado garantiza una vejez digna, con calidad y calidez humana y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación hacia los adultos mayores del país.
