El Instituto Nacional de Estadística (INE) ajustó por tercera vez el total de habitantes en el país, tras concluir ayer la fase de procesamiento de datos del Censo 2012; la cifra se elevó de 10.027.254 a 10.059.856, es decir que se “recuperaron” 32.602 personas. Expertos cuestionan los cambios.
“Hubo un ajuste a la cantidad poblacional. En la base de datos, hasta el 27 de diciembre, había 10.027.254 habitantes, y en esta base actualizada hay 10.059.856. Hablamos de una diferencia de 32.602 habitantes que representan el 0,32%, menos del medio por ciento a nivel nacional”, explicó ayer el director del INE, Luis Pereira.
El 23 de enero de 2013, el presidente Evo Morales informó que Bolivia tenía 10.389.913 habitantes y que Santa Cruz era el departamento más poblado, según datos preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado el 21 de noviembre de 2012.
Sin embargo, la ministra de Planificación, Viviana Caro, indicó el 31 de julio que los datos oficiales señalaban que la población total del país alcanzaba los 10.027.254, menos 362.659 habitantes, y que La Paz pasaba a ser el departamento más poblado. La autoridad arguyó que la variación fue por errores en el conteo manual y agregó que “no es raro tener diferencias entre datos preliminares y resultados”.
El INE ajustó nuevamente la cantidad poblacional, al concluir la fase de procesamiento de datos. Pereira indicó que la mayoría de los 32.602 habitantes “recuperados” pertenece a La Paz, aunque en porcentajes departamentales lo más elevado está en Chuquisaca. (Ver infografía). “Esta población está principalmente en los municipios de El Alto y La Paz”.
Sobre las causas de la variación, detalló que la eliminación de cantones, referencia geográfica tomada en cuenta en el censo de 2001, complicó la organización de las boletas en las áreas rurales y dispersas. En cuanto a las zonas urbanas, la causa fue “la mala letra”, es decir, los errores en el registro de datos y en el conteo manual.
No obstante, el Director del INE resaltó que, a diferencia de otros censos, este último hizo una comparación posterior de distintas fuentes de investigación para asegurar que en la base de datos estén todas las comunidades, ante la “presión en la necesidad de información”.
Las diferencias en los nuevos datos afectará los indicadores, sobre todo el referido al alfabetismo, pero en mínima proporción “porque las variaciones son centésimas”, aseguró Pereira.
Caro sostuvo en la gestión anterior que el censo alcanzó una omisión censal (valor absoluto y relativo de la población que no fue censada) de 3,2%. Pereira sostuvo que los 32.602 habitantes “recuperados”, en el mejor de los casos, reducirán la cifra a 3,1%.
“En Bolivia utilizamos voluntarios para empadronadores y el compromiso de alcaldías y comunidades para que nadie sea omitido; en otros países es gente capacitada y asalariada, es la debilidad de nuestro censo”, expresó.
Instituto recibe 377 reclamos en 6 meses
El Instituto Nacional de Estadística (INE) recibió en seis meses 377 reclamos y solicitudes de complementación, desagregación y aclaraciones para límites de zonas urbanas y rurales, informó el director de la institución, Luis Pereira.
Entre diciembre de 2013 y junio de 2014, el INE recibió 377 solicitudes y reclamos. Del total, el 55% se relacionó con problemas de límites entre unidades territoriales, y el 22% con la desagregación de comunidades y localidades, ubicadas en áreas dispersas.
“Apareció una comunidad con nombre de Machacamarca y dentro del lugar había Alta y Baja; el censo lo tomó como comunidad Machacamarca con dos localidades, pero los habitantes aseguraban que ambas eran comunidades y no localidad, porque la ley da POA (Presupuesto Operativo Anual) a comunidades.
Este problema fue recurrente”, dijo Pereira.
Citó como otro ejemplo a una familia que solicitó certificar la cantidad de personas en ese hogar para pedir el POA propio, pues se había peleado con la comunidad.
Complicación. “Se llegó a una exageración. El escenario fue mucho más distinto a censos anteriores: el problema de límites y un escenario en el que el INE no estaba preparado porque nos pidieron datos desagregados por comunidades”, señaló el director.
El Instituto realizó “innumerables” audiencias y reuniones explicativas sobre el alcance del Censo 2012, con la participación de alcaldes, concejales, autoridades originarias, dirigentes y ciudadanos independientes.
En la anterior gestión, el INE emitió la Resolución Administrativa 179/2013, en función al artículo 24 de la Constitución Política del Estado, que indica que toda persona tiene derecho a pedir información pública. Para solucionar las peticiones, el Instituto pidió disposiciones legales como respaldo, y suspendió el curso a los que no contaban con el mismo.
