Desde el lunes funcionará en Sucre la primera empresa estatal de Software Libre de Bolivia, luego de la firma de un convenio entre la Universidad Andina Simón Bolívar y la fundación Fautapo, además del apoyo de la senadora oficialista Nélida Sifuentes.
El rector de la Universidad Andina, José Luis Gutiérrez, informó que su institución cedió un espacio de su campus para el funcionamiento de la empresa, y le dotó de toda la infraestructura tecnológica para el desarrollo de investigación e innovaciones.
Agregó que al ser Sucre sede del Órgano Judicial, la empresa firmará convenios con sus oficinas para beneficiarlas directamente con el trabajo que se desarrolle; no obstante, aclaró que la casa de estudios superiores será el primer cliente para generar un software destinado a bibliotecas virtuales.
También se iniciaron contactos con entidades locales, como la Empresa Local de Aguas Potables de Sucre (Elapas), para desarrollar un software que mejorará su sistema de administración.
Por su parte, el gerente general de la Fundación de Educación para el Desarrollo (Fautapo), Andreas Preisig, dijo que el aporte de la entidad se traduce en la contratación de cinco especialistas en desarrollo de programación de sistemas, quienes comenzarán a trabajar desde el lunes en Sucre.
La senadora Sifuentes expresó su satisfacción por haber llegado a un acuerdo para consolidar a Sucre como sede de la Empresa Nacional de Software Libre “Juana Azurduy de Padilla”. Aseguró que este emprendimiento tiene el respaldo del Gobierno y del propio presidente Evo Morales.
La asambleísta indicó que la creación de la empresa está contemplada en la Ley 164 de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación, y en el decreto reglamentario. En ese marco, se establece un tiempo limitado para la migración de las entidades del Estado al software libre.
Asimismo, señaló que actualmente el Estado paga cerca de $us 70 millones por los derechos del software que utilizan las instituciones. Pero a partir de la nueva empresa, según Gutiérrez, el Gobierno y el sector privado tendrán la opción de comprar los sistemas elaborados en el país.
