El Estado, a través de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), presentó el lunes ante el Tribunal de Qingdao (China) un recurso de objeción sobre la resolución de remate de esa instancia judicial de 16 barcazas fabricadas en ese país para Bolivia, informó el ministro de Defensa, Rubén Saavedra.
«Las 16 barcazas están sujetas a un remate porque existe una sentencia emitida por el Tribunal de Asuntos Marítimos de China (Qingdao) de marzo de 2012 que dispone el remate del equipo naval por falta de pago del almacenamiento», explicó a la ABI.
Recordó que está pendiente desde marzo de 2012 la ejecución de esa sentencia, razón por la cual Bolivia presentó ese recurso de objeción.
El Ministro de Defensa puntualizó que en la objeción, Enabol reclama que esos bienes «son del Estado Boliviano», aunque explicó que se aguardará la decisión del Tribunal chino.
Saavedra expresó su confianza en que ese recurso legal prospere y prevalezca el derecho del Estado Boliviano sobre ese equipamiento naval que nunca llegó al país por la estafa de un grupo de empresarios coreanos.
«El Estado bajo ninguna circunstancia podría pagar dos veces por el mismo bien, porque ya se desembolso 30 millones de dólares a Enabol que firmó contrato y pagó ese dinero a las empresas coreanas, por ello, la naviera boliviana debe entregar las barcazas y los remolcadores porque el Estado le confió la administración de esos recursos tiene que responder y hacer llegar a Bolivia ese equipo logístico», fundamentó.
A su juicio, la finalidad de haber planteado denuncias y querellas en el ámbito penal implica la recuperación de los recursos que Enabol pagó a las empresas coreanas.
«Por eso se instauraron procesos penales a los ex funcionarios de Enabol y está en plena persecución de los empresarios coreanos, que fueron ellos que defraudaron al Estado cobrando los dineros, se está en esa labor y hay notificación a través de Interpol, se está buscando a través de ese canal para ubicarlos y traerlos a Bolivia para que comparezcan ante la justicia boliviana'», afirmó.
Recordó que el Ministerio Público ordenó una auditoria especial al detectar irregularidades en la contratación de las empresas coreanas e instauró un proceso penal contra los implicados.
