La empresa Fabros Motors SRL presentó un amparo constitucional en contra del Ejecutivo y el Legislativo municipal de El Alto. Considera que ambos atentaron contra su derecho al trabajo y su derecho a petición al dejar sin efecto una licitación, que ganaron, para la compra-venta de 60 buses de transporte masivo.
Ayer debió llevarse a cabo la audiencia en la sala 3a Penal del Tribunal Departamental de La Paz, pero fue suspendida porque, según la Alcaldía, no fueron convocados todos los concejales de esta ciudad. Fueron notificados el alcalde alteño, Édgar Patana, el Presidente y Secretario del Concejo y el Director de Licitaciones. El asesor jurídico de Fabros Motos S.R.L., Adolfo Aguilar, señaló que el tribunal debe “calificar delitos de responsabilidad penal e indicios de responsabilidad civil”.
En octubre de 2013, Fabros, representante de la china King Long, ganó la licitación para la fabricación de 60 buses de transporte masivo con una capacidad de transporte de 80 pasajeros.
Pero el Concejo Municipal rechazó en dos ocasiones el contrato con Fabros SRL. El director jurídico de la Alcaldía, Abraham Aliaga, señaló que ese convenio enviado al Concejo era un proyecto y que éste no le da ningún derecho a Fabros, porque no fue homologado por el Concejo Municipal y porque el Ejecutivo no dio la orden de proceder.
En vista del rechazo, el Ejecutivo sacó otra licitación que ganó la brasileña CIBO S.A. y cuyo contrato fue aprobado por el Concejo.
