La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) alertó hoy sobre los riesgos que enfrenta el periodismo boliviano debido a los “cargos abusivos” que enfrentan la directora de La Razón, Claudia Benavente, y el periodista del suplemento Animal Político, Ricardo Aguilar.
Lo hizo en un comunicado en el que, además, celebra la anulación de la condena de dos años y medio de prisión contra el periodista Rogelio Peláez, acusado de calumnia por haber revelado un caso de desvío de fondos públicos en la publicación Larga Vista.
“Una buena noticia que no debe ocultar las tensiones entre el gobierno y los periodistas independientes. Actualmente varios periodistas están en el punto de mira de la justicia boliviana”, advierte RSF en su pronunciamiento.
Camille Soulier, responsable del Despacho Américas de Reporteros sin Fronteras, advirtió que con el juicio instaurado contra Benavente y Aguilar “existe el riesgo de que se viole el secreto de fuentes informativas”, por lo que exigió a la justicia boliviana respetar este derecho, garantizado por la Ley de Imprenta.
“Aunque Reporteros sin Fronteras celebra que la pena de prisión contra Rogelio Peláez haya sido anulada, la organización no puede olvidar los cargos abusivos que enfrentan Ricardo Aguilar y Claudia Benavente ”, señaló Soulier.
Los periodistas de La Razón enfrentan un proceso judicial a raíz de una acusación por “espionaje” y “complicidad” presentada por el Procurador General del Estado, Héctor Arce, debido a una publicación del 13 de abril de 2014, en la que Aguilar hizo una reseña de algunos entretelones que antecedieron a la presentación de la demanda marítima boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.
“Este proceso se desarrolla en un clima hostil para el periodismo de investigación”, afirma el comunicado de RSF.
En el caso de Peláez, periodista y director de la publicación mensual Larga Vista, éste había sido acusado de calumnia por el abogado Waldo Molina, después de que revelara en el número de abril de 2010 un caso de desvío de fondos públicos en el que estaban involucrados miembros del gobierno boliviano.
Tras cinco años de proceso “y de acoso judicial contra el periodista”, refiere RSF, fue condenado a dos años y medio de prisión, condena que finalmente fue anulada.
