La Fiscalía y la fuerza pública investigan a cinco agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba, acusados de violar a una trabajadora sexual de 20 años, y de quien se dice tiene discapacidad intelectual, dentro de su cuartel la madrugada del lunes.
“No era contratada. Ella se acercó a la UTOP a pedir un vaso de agua, la detuvieron y la metieron a uno de los dormitorios donde los policías la violaron”, denunció la dirigente de las trabajadoras sexuales, quien pidió a La Razón que no publique su nombre.
Añadió que la víctima “sufre de retraso mental”. La joven, cuya identidad se guarda en reserva, habría sido vejada en uno de los dormitorios de la UTOP, donde el Ministerio Público encontró una prenda íntima, un condón y una frazada, que servirán de prueba para la indagación que abrió de oficio, ya que no existe una denuncia formal.
La mañana del martes, la mujer fue llevada a la fuerza anticrimen para prestar su declaración informativa y también se le pidió someterse a un examen médico forense, pero “ella se negó”, dijo la fiscal Claudia Mansilla. A pesar de ello, se abrirá la investigación en la División de Víctimas Especiales por tratarse de una persona con discapacidad mental..
La víctima “llegó con antecedentes de una presunta agresión sexual, fue acompañada por personal femenino de la UTOP. Presentó agresividad, no se encuentra ubicada en el tiempo y el espacio, no coordina discurso y no permite el examen médico forense”, informó Mansilla.
El coronel Alberto Suárez, comandante departamental de la Policía de Cochabamba, convocó ayer a una conferencia de prensa en la que explicó que los involucrados negaron las acusaciones y aseguraron que solo “permitieron el ingreso de una dama de compañía a dependencias policiales”. Una falta grave, de acuerdo al reglamento policial.
“Tenemos dos vías —para establecer si se cometió el delito o no—: la administrativa, para que ellos sean procesados por las faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones, y en el Ministerio Público”, manifestó.
Los antecedentes fueron remitidos a la Dirección Departamental de Investigación Policial (DDIP). Los involucrados, que tienen el grado de dragoneantes, podrían ser sancionados, según Suárez, con “la baja temporal de dos años por haber infringido el artículo 13 de la Ley 101”.
La representante de las trabajadoras sexuales denunció que no es la primera vez que un policía abusa sexualmente de una de ellas. Las vejaciones son constantes, denunció la dirigente, quien llegó hasta las oficinas de la Defensoría del Pueblo para exigir sanciones y pedir que se frenen los abusos.
“Estamos pidiendo al Comandante de la Policía que se haga cargo de la situación que se ha presentado en la UTOP, pedimos un castigo ejemplarizador, se supone que ellos deben resguardar la integridad física de la población y no cometer delitos”.
“Una violación entre seis no es novedad, es el abuso del uniforme; se debe hacer algo, porque las denuncias de que han sido violadas por policías llegan a las oficinas y éstos las amenazan para que no digan nada”, apuntó.
Sanción penal
Violación
El artículo 308 del Código Penal establece una pena de encierro de cinco a 15 años para los culpables del delito de violación. Sanción que se elevará a 20 años si la víctima tuviera alguna perturbación mental.
