La convocatoria pública a los 40 jurados del Tribunal de Imprenta, el sorteo para elegir a 12 de ellos, la posesión y el análisis para la emisión del fallo son los cuatro pasos que el caso de La Razón debe seguir hasta la decisión final.
Sandra Aliaga, una de los 40 jurados de imprenta de La Paz, explicó que el fallo sobre la denuncia contra un periodista o un medio de comunicación debe darse en un plazo de tres días.
“Una vez que se posesiona a los miembros del Tribunal de Imprenta, se tiene 72 horas para dar el fallo; sin embargo, esto no se cumple por causas como las chicanas (retardación) o hasta las ausencias”, indicó.
El presidente del Concejo Municipal de La Paz, Omar Rocha, anunció ayer el envío de la nómina de jurados al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) para el sorteo y el juicio de imprenta sobre la demanda de la Procuraduría contra dos periodistas de La Razón.
“Queremos brindar todas las garantías y ponernos al servicio del juez de turno para apoyar con la logística y así concluir de la manera más rápida. Vamos a establecer una ley reglamentaria para generar los plazos”, informó Rocha.
Aclaró que Antonio Vargas, al ser candidato a diputado, ya no será parte del jurado. Pero el aludido aseguró estar habilitado y anunció que “hará cumplir su derecho” de ser autoridad en el caso.
El 22 de abril, el procurador general del Estado, Héctor Arce, presentó una demanda penal contra el periodista Ricardo Aguilar por “espionaje” y “revelación de secretos”, y la directora Claudia Benavente, por “complicidad”, tras la publicación del reportaje De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los “actos unilaterales”. El TDJ derivó el martes el caso del rotativo al Tribunal de Imprenta.
Desde la vigencia de la Ley de Imprenta (1925), el Tribunal atendió tres demandas. La primera fue en 2002 por el entonces ministro de Gobierno Wálter Guiteras contra el director del Extra Jimmy Iturri por supuestas calumnias e injurias, pero la demanda prescribió por fenecer los plazos.
En 2004, en Cochabamba, los 12 jurados absolvieron al reportero Marco Carrillo de los delitos de difamación, calumnia e injuria, denunciados por un funcionario edil, aunque dictó una multa de Bs 400.
En 2013, el Gobierno denunció a La Prensa por una nota que involucró al presidente Evo Morales en el contrabando de 33 camiones. El caso se extinguió. El artículo 20 de la Ley de Imprenta señala que después de los cuatro meses de la publicación una demanda puede extinguirse. El abogado de La Razón Guery Abuday precisó que en este caso hubo interrupciones de la vía ordinaria que podrían alterar este plazo.
