El fiscal de materia Wálter Antezana señaló ayer que el secuestro de las dos personas que fueron rescatadas el martes, en un operativo con dos muertos, estaría vinculado a una deuda económica de alrededor de $us 1 millón de las víctimas con sus raptos.
“Inicialmente creemos que el móvil del hecho es un ajuste de cuentas, porque los colombianos le habrían entregado ese dinero en Holanda para que Gutiérrez y Vaca Díez lo internen a Bolivia, pero el mismo habría sido incumplido”, señala Antezana.
El ministro de Gobierno, Jorge Pérez, adelantó que se convocará a declarar a los propietarios de los inmuebles donde estaban alojados los extranjeros y donde tenían raptadas a las dos personas.
Pérez señalo que se radicalizarán los controles migratorios contra los extranjeros que ingresaron de manera ilegal al país. “Esta no es una persecución contra los foráneos que vienen a trabajar o estudiar, solo una inspección que nos permita brindar seguridad a nuestra población”.
De acuerdo con la autoridad de Gobierno, los operativos se realizaran en diferentes condominios donde se han detectado la presencia de extranjeros. “No entendemos cómo es que se tienen tanta presencia de foráneos sin cumplir la normativa legal”.
El abogado Romer Espinoza manifestó que los aprehendidos no tienen relación alguna con la supuesta organización que estaría detrás del secuestro. “Ellos fueron aprehendidos por el solo hecho de ser extranjeros y no tienen antecedente alguno en su país”.
Ayer, los hermanos Luis Fernando y Rubén Alberto Galvis, de nacionalidad colombiana, y la súbdita paraguaya Juana Karina Sosa Jiménez, vinculada por la Policía a la organización de secuestradores que mantuvo en cautiverio a Carolina Gutiérrez y José Carlos Vaca Díez, recusaron a la jueza Delia Pedraza y suspendieron la audiencia cautelar.
