Mónica Candelaria Guachalla Larico, de 25 años, quien tenía siete meses de embarazo, fue asesinada por encargo. Michael Y.D., quien mantenía una relación extramatrimonial con la joven, contrató a un sicario para deshacerse de ella.
El hombre pagó $us 1.500 al exrecluso Alejandro Augusto S.M., alias Alex Flaco Negro Tuqui, para que dispare a su compañera. El cadáver de la víctima fue abandonado en Huajchilla, municipio de Mecapaca, al sur de La Paz, el 23 de julio.
El ministro de Gobierno, Jorge Pérez, los presentó ayer, junto a Julio César V. V., refugiado político peruano y miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Katari de Liberación (MRTKL), sindicado de alquilarles por $us 100 el revólver, calibre 38, con el que se cometió el crimen, aunque él lo negó a gritos.
“El enamorado, que tenía familia, al informarse que ella estaba embarazada, construyó (sic) todo un plan para eliminarla y buscó a un sicario”, explicó Pérez. Guachalla estudiaba Derecho y nunca supo que su pareja era un hombre casado, con dos hijos.
El día del crimen, el abogado la invitó a conocer un terreno de su propiedad en Huajchilla. Abordaron un vehículo particular conducido por el sicario, asesino confeso. Cerca del puente Llauchi, el exreo sacó el arma de fuego y le disparó dos tiros: uno en la espalda y otro en la cabeza, que fue el que le quitó la vida instantáneamente.
“Una vez que el enamorado distrae a la señorita, baja el sicario del vehículo, se aparta de ella y le dispara en la espalda. Cae, queda herida y la ejecuta (con) un disparo en la cabeza. Luego se dan a la fuga”, detalló Pérez.
Los campesinos, al escuchar las detonaciones, llegaron hasta el lugar y la encontraron tirada en medio de un charco de sangre. Los autores ya habían escapado en el motorizado.
Emeretista. El titular de la cartera de Gobierno informó que Alejandro S.M. pidió $us 3.000 para consumar el crimen, y que tras un regateo con el abogado Michael Y.D. acordaron el pago de la mitad de ese monto.
Debido a la crueldad del hecho, el Gobierno pedirá al Ministerio Público que el proceso en contra de los tres implicados —abierto por homicidio— sea reconducido y se les impute por asesinato, que tiene una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto, dijo Pérez.
“Exigimos al ente judicial que se aplique mano dura y una sanción ejemplificadora. Lo que se hizo con esta dama no tiene nombre, es un acto cavernario, repudiable. Felicitamos por este trabajo a la Policía, que sigue el criterio y la política que tenemos en el área de seguridad ciudadana: cero tolerancia a la criminalidad”.
Mientras los tres autores (intelectual, material y cómplice) eran presentados, Julio César V. V., refugiado político, proclamó a gritos su inocencia. “Esto es una mentira, soy un túpac katari combatiente, no un asesino”, sostuvo.
El ministro eludió la pregunta de La Razón de si en La Paz operan sicarios. “La persona que ejecuta a la víctima lo hace a cambio de un pago, esta persona se ofrecería a hacer estos trabajos por dinero. Usamos el concepto sicariato como un derivado del tipo penal de asesinato, en nuestra normativa no existe el delito de sicariato, el nombre correcto es asesinato”, indicó como respuesta.
Este diario formuló la misma pregunta al director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Juan Sanjinés, quien, sin embargo, pidió que sea Pérez el que responda.
Humberto Quispe, fiscal a cargo del caso, declaró a la red Erbol que pedirá la detención preventiva de los tres aprehendidos en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Hoy a las 10.00, en el Juzgado 9° Penal Cautelar está programada su audiencia de medidas cautelares, se informó.
