Paola Barriga, abogada de la familia de la niña Patricia Flores, violada y asesinada en 1999, denunció por incumplimiento de deberes a la actuaria del Juzgado 2° Liquidador de Sentencia y presentó una queja al Consejo de la Magistratura.
La defensora explicó que la funcionaria Francia Trujillo Mamani —a quien La Razón no logró ubicar la tarde de ayer en su oficina— no hizo firmar al entonces fiscal Marcelo Soza, refugiado en Brasil, las actas de las audiencias celebradas entre 2012 y 2013, en las que participaron testigos del interior del país.
Esto, añadió, impide desde hace tres meses la lectura de la sentencia contra Odón Mendoza Soto, José Luis Flores López y Reynaldo Flores Barrera.
La pequeña, que tenía diez años cuando se cometió el crimen, desapareció de su escuela el 27 de agosto de 1999. Cinco días después fue hallado su cadáver en un depósito de la unidad educativa Vicenta Juaristi Eguino. “No vamos a poder conseguir la firma de Soza, que es un prófugo de la justicia”, reclamó la abogada.+
Según el procedimiento, tras la transcripción de las audiencias, la actuaria debe hacer firmar las actas a todas las partes y autoridades intervinientes. Para Barriga, la única forma de subsanar este problema es que en audiencia se dé lectura a las actas y que éstas sean convalidadas por todas las partes.
