Al menos 145 niños y adolescentes trabajan en actividades mineras en el Cerro Rico de Potosí, a cambio de salarios que oscilan entre los 1.200 y 3.400 bolivianos. De esa cifra, el 91% son adolescentes de entre 15 y 17 años, 3% menores de entre 13 y 14 años y 6% niños de 8 a 12 años.
La información se encuentra contenida en el estudio “Estado de situación de niños, niñas y adolescentes que viven en el Cerro Rico y trabajan en la actividad minera” que fue presentado ayer en Potosí por el Defensor del Pueblo, Rolando Villena.
De acuerdo al documento, los adolescentes trabajan en interior mina y los niños en la parte externa, poniendo en riesgo sus vidas y abandonando la escuela. Lo hacen atraídos por lo que consideran “una buena paga”, ya que trabajan solo cuatro horas al día, aunque no reciben los beneficios de ley que dispone la legislación laboral.
“A cambio ponen en riesgo su vida, abandonan la escuela y se les vulneran sus derechos laborales y de salud, principalmente”, alerta un informe de prensa enviado por la Defensoría del Pueblo.
Agrega que el estudio contó con el apoyo de la organización Tierra de Hombres-Holanda y se realizó en cuatro sectores del Cerro Rico: Robertito, La Plata, Caracoles y Pailaviri, donde se entrevistó a adolescentes, niñas y niños, además de familiares, profesores y autoridades.
El trabajo concluyó además que otros 280 niños, niñas y adolescentes viven junto a sus madres que trabajan 24 horas al día en las bocaminas dependientes de las cooperativas mineras, “en viviendas precarias, sin servicios básicos ni condiciones de seguridad”.
Antes de entregar ayer el informe, Villena se reunió en inmediaciones del Cerro Rico con adolescentes trabajadores y sus familias , donde señaló que “la remuneración que reciben por su esfuerzo ha llevado a que abandonen la escuela, a trabajar sin un contrato laboral, a no exigir seguro de salud y, fundamentalmente, a poner en riesgo sus vidas, ya que ingresan a interior mina sin el equipo de seguridad necesario”.
Además dijo que existe desatención por parte de las instituciones del Estado, que en lugar de proteger, resguardar y garantizar su bienestar en las actividades mineras, muestra permisividad y falta de control sobre las cooperativas. “Los resultados de esta investigación serán enviados a las autoridades respectivas con las recomendaciones y las exigencias para que se cumpla lo que manda la ley y la Constitución”, anunció.
Según la Representante Defensorial de Potosí, Jackelin Alarcón, el 95.2% de los adolescentes no tiene contrato escrito de trabajo y a éstos tampoco les interesa exigir la firma de uno “por la expectante remuneración que reciben” y para evitar conflicto con sus empleadores. Agregó que casi la totalidad de ellos desconoce sus derechos laborales y las instancias a donde pueden acudir en caso de incumplimiento de deberes de la parte empleadora.
En lo que se refiere al acceso a la salud, el informe de la Defensoría señala que el 83% de los 145 niños y adolescentes entrevistados no cuenta con seguro y que cuando se enferman el 62.6 % acude a un centro de salud pagando por el servicio, el 21.6 % opta por una farmacia y el 15.7 % se cura en casa con remedios caseros.
A esta situación se suma el riesgo en el que trabajan. El 94% de los adolescentes entrevistados indicó que trabaja en interior mina sin haber recibido ningún tipo de capacitación sobre seguridad industrial.
Datos del estudio realizado por la Defensoría
• El 84,8% de los adolescentes que trabajan en interior mina percibe semanalmente entre Bs. 300 a Bs. 900, un promedio mensual de Bs. 2.400 por un trabajo diario de 4 horas.
• Los adolescentes varones trabajan en interior mina, las mujeres lo hacen en el exterior.
• El 64,1% trabaja en la mina de manera eventual y el 35,9 % de manera permanente.
• Solamente el 19,3% fue contratado por un socio cooperativista, lo que dificulta la exigibilidad de sus derechos laborales.
• El 74,5 % dice que le gustaría trabajar en otros rubros.
• El 82,6 % de los adolescentes no reciben ropa de trabajo de sus empleadores, solo el 16 % cuenta con ropa de trabajo cuyo costo es descontado de su salario.
• El 100% de las familias no cuentan con servicios higiénicos. La disposición de excretas y basura a campo abierto agudiza el efecto de contaminación presente por la actividad minera.
• El Estado, a través de sus instituciones, no tiene presencia en el Cerro Rico, por lo que las organizaciones privadas que realizan trabajos en estos sectores de alguna manera reemplazan la labor del estatal.
• Existe poca fiscalización y control en materia laboral por parte de la Jefatura Departamental del Trabajo y una ausencia de las Defensorías de la niñez y adolescencia en cuanto a las condiciones de vida en el cerro de los niños, niñas y adolescentes que viven junto a sus madres.
• No existen políticas estatales que regulen el trabajo de los y las adolescentes y de las mujeres que viven con sus hijos en el cerro cumpliendo un trabajo de 24 horas al día.
• La única presencia estatal identificada en el sector es COMIBOL que realiza un trabajo de control y supervisión al trabajo de áreas de explotación.
