La Defensoría del Pueblo inspeccionó ayer 15 casas de acogida para adolescentes en conflicto con las leyes, con el propósito de verificar la situación de sus derechos humanos y las condiciones de su permanencia.
Si bien los internos se encuentran en condiciones aceptables en alimentación, salud y educación, muchos centros no cuentan con las condiciones de infraestructura, por lo que la Defensoría del Pueblo solicitó su mejoramiento.
Rolando Villena, defensor del Pueblo, manifestó que es primordial trabajar con ellos y sus familias para que superen el estigma social que tienen por su condición de internos en conflicto con la ley. A mediados de septiembre se tendrán los resultados de la inspección.






