La ciudad de Riberalta, capital del municipio beniano del mismo nombre, vivió ayer una nueva jornada de tensión, tras el desalojo el miércoles de 35 familias que ocupaban ilegalmente un terreno. La Policía, la Fiscalía y la Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia fueron sitiadas.
Los más exaltados, de acuerdo con el testimonio telefónico de Roxana Cuevas, representante de la Defensoría del Pueblo, amenazaron con asaltar las oficinas con armas de fuego, de uso común debido a la caza. A las 16.00 se retiraron, aunque hasta esa hora no logró instalarse el diálogo propiciado por la funcionaria.
La chispa que encendió la segunda jornada de violencia fue la noticia del nacimiento de una bebé muerta debido presuntamente a la gasificación.
Los manifestantes, entre los que se hallan los afectados, mototaxistas, vendedores y otros, sacaron el cadáver de la sietemesina del lote donde era velada, secuestraron un vehículo de la Defensoría municipal y pasearon su cuerpo por la ciudad, lo que sumó adhesiones y caldeó los ánimos.
Sin embargo, tanto Cuevas como Gregorio Quiroz, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, dijeron que recibieron informes —que aún deben ser refrendados por escrito— del administrador de la posta sanitaria donde Helen Suárez Melgar, de 21 años, hizo su control prenatal, de que hace dos días se detectó que la bebé estaba atravesada —en posición horizontal—, por lo que fue remitida al Hospital Materno Infantil de esa ciudad.
La joven llegó allí a las 18.30 del miércoles —después del desalojo se trocó en una batalla campal en la que la fuerza pública usó gases lacrimógenos— y, según la doctora que la atendió, el feto había muerto 48 horas antes en su vientre y había comenzado un proceso infeccioso, por lo que la madre permanece hospitalizada.
Los manifestantes no aceptaron esta explicación y responsabilizaron del nacimiento prematuro y muerte de la bebé a la Policía, que pidió a su vez practicarle la autopsia. Debido al cerco y a las amenazas, la Defensoría municipal suspendió actividades, mientras que la del Pueblo trabajó a puertas cerradas.
Violencia. El miércoles, luego de cuatro meses de negociaciones para que las 35 familias desocupen el predio de Miriam Rivero, hermana del exviceministro Wigberto Rivero, la Policía dio cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional que dispone el desalojo. El operativo comenzó a las 07.00 y en el enfrentamiento posterior cinco agentes resultaron con contusiones y un muchacho de 16 años fue arrestado por una horas.
Para entonces se habían sumado otros sectores, que se dirigieron al Canal 9 Televisión Amazónica, de propiedad del exviceministro, y destruyeron sus instalaciones, apedrearon la casa de la directora de este medio y agredieron a periodistas alegando que no estaban informando bien.
“Uno de canal 24 tiene el brazo prácticamente quebrado, otra de canal 36 perdió su cámara y a mí me quitaron mi celular con el que filmaba esta agresión”, reportó la noche del miércoles el periodista de Cadena A.
La Razón se comunicó la tarde de ayer con el ministro de Gobierno, Jorge Pérez, para conocer la cantidad de detenidos y un informe sobre lo ocurrido. La autoridad pidió que se entreviste a Samuel Villegas, secretario general de esa cartera de Estado; éste funcionario trasladó la consulta a Israel Quino, director de Régimen Penitenciario, y éste a Comunicación.
ANP condena el ataque
Periodistas
Juan León, de la Asociación Nacional de la Prensa, lamentó que un problema de tierras “derive en atentados contra medios de comunicación. Condenamos todo atentado contra un medio de comunicación, porque significa atentar contra el derecho a la libre expresión”, dijo.
