Ocho personas que presuntamente asaltaron el miércoles el canal 9 Amazónica Tv, la Radio Amazonía FM e incendiaron la vivienda de su directora en Riberalta fueron enviadas ayer con detención preventiva a la carceleta de este municipio beniano, informó a La Razón Rodolfo Isibene, del canal afectado.
“Se dispuso detención preventiva para todos en la carceleta. La audiencia duró de 09.00 a 12.00. Uno de ellos era el cabecilla del barrio Omar G. y los otros que destruyeron todo y quemaron la casa de la directora ”, dijo el periodista, quien también es ejecutivo del Sindicato de la Prensa, Radio y Tv de Riberalta.
A las 07.00 del miércoles, dando cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional, la Policía realizó el desalojo de 35 familias del Barrio Pamahuayá —y la destrucción de sus precarias viviendas de madera— que ocupaban ilegalmente un predio de propiedad de Miriam Rivero, hermana del exviceministro Wigberto Rivero, quien es el propietario de los medios atacados.
Los periodistas que hacían la cobertura fueron recibidos con insultos, agresión física y verbal por los afectados, quienes argumentaron que en el predio se iba a construir un proyecto de vivienda para este sector de trabajadores, según Isibene.
“El propietario de los medios afectados no declaró, pero está llegando a Riberalta, salió por temor de amenazas”, añadió. Un periodista del Canal 24 Máxima Tv tiene una fractura en su brazo y le robaron su equipo valorado en $us 1.500. Giovana Marupa y Yaneth Cortez, ambas trabajadoras de Canal 36 Raitel Tv, fueron golpeadas con palos, se vieron obligadas a buscar refugio en las casas contiguas cuyos propietarios les ayudaron a escapar. Un niño les consiguió un taxi.
“Nos declaramos en emergencia y hemos pedido garantías para ejercer nuestro trabajo, ya que la gente se fue contra los periodistas. El sector de la prensa aún no definió dónde se va a ejecutar lo de las viviendas”, dijo el dirigente.
La representación de la Defensoría del Pueblo de Riberalta convocó el jueves a una mesa de diálogo en la que participaron la federación de campesinos de la provincia Vaca Díez, la dirigencia del Distrito 5, autoridades municipales y el sindicato de la prensa para lograr calma en la población”, informó Roxana Cuevas.
La Alcaldía evalúa la posibilidad de reubicar a las 35 familias en predios ediles. En La Paz, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por los hechos de violencia sucedidos en Riberalta. “Condenamos cualquier acción pública, corporativa o privada que atente contra los medios de comunicación y sus trabajadores”.
