El Defensor de Pueblo, Rolando Villena, representantes del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem) y familiares de víctimas de violencia pidieron de lunes al Gobierno declarar «alerta máxima» a nivel nacional, como un mecanismo de emergencia para enfrentar las causas de la violencia que afecta a la mujer.
Villena dijo «exigimos al Ministerio de Justicia, a las gobernaciones y a los municipios la inmediata declaración de alerta máxima contra la violencia a las mujeres en todo el país, y como mecanismo de emergencia para enfrentar las causas de esta pandemia que está afectando a más de la mitad de la población boliviana».
En ese marco planteó activar recursos de emergencia, medidas y acciones para prevenir la violencia contra las mujeres; intensificar acciones de atención y protección; diseñar e implementar una campaña de comunicación, sensibilización y educación permanente y sostenida para evitar estos hechos.
Por parte de la Defensoría, Villena dispuso que a nivel nacional sus 18 oficinas conjuntamente con las organizaciones de mujeres diseñen e implemente el Observatorio de Violencia hacia la Mujer, que se encargará de su seguimiento en los casos de denuncias, su visibilización y exigencia de cumplimiento así como la asistencia profesional a sus familias.
«Lo que estamos buscando es que esta sea potenciada y que la exigibilidad tenga mucha más contundencia, con el objetivo de lograr el cese a la violencia contra las mujeres y de enfrentar radicalmente este problema que es crucial», sostuvo.
Por su parte, la directora del Cidem, Mary Marca, recordó que de enero a junio de este año se registraron 59 feminicidios y 39 asesinatos a mujeres por la inseguridad ciudadana «todos están en la impunidad, no hay justicia».
También indicó que en Bolivia cada 3 días una mujer muere. Precisó que cada 25 de cada mes realizarán marchas hasta lograr que las autoridades nacionales y departamentales declaren alerta máxima a nivel nacional.
Los familiares pidieron justicia por sus hijas, hermanas, sobrinas quienes murieron en manos de parientes cercanos en su gran mayoría por sus conyugues, esposos y padrastros.
Los familiares con fotografías en mano y con lágrimas brindaron testimonios y pidieron justicia puesto que sus agresores están en libertad o se encuentran prófugos.
En el país rige la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia (Ley 348) que establece la erradicación de la violencia como un tema de prioridad nacional y un problema de salud pública que debe ser combatido desde un enfoque de prevención, protección de las mujeres en situación de violencia y la sanción de los agresores.
