La Subalcaldía de Mallasa abrió al menos 36 procesos por ocupación ilegal de terrenos municipales. La recuperación de dos predios ubicados uno frente a esa repartición y el otro, al final del zoológico municipal Vesty Pakos son los más difíciles.
En el primer caso, 11 familias, de este macrodistrito, que dicen ser dueñas, ingresaron el 1 de mayo de este año y comenzaron a edificar casas precarias.
En el segundo, al menos 40 familias del Sindicato Agrario Mallasa se asentaron en 2010 en 40.000 m2, talaron más de 1.000 árboles y erigieron precarias viviendas. Ambos predios son parte del Parque Nacional Mallasa, declarado área protegida de manejo integral en 2001.
“Un predio fue recuperado y precintado por la Fiscalía para fines investigativos, esperamos pronta solución. En el otro espacio estamos yendo a un proceso técnico administrativo”, explicó el subalcalde Eduardo Campero.
El parque nacional fue creado en 1956, durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro.
“Juan Mamani Quispe, en representación de los 71 campesinos de la exhacienda, hizo una cesión voluntaria, gratuita y a perpetuidad a favor del Estado del Parque Nacional Mallasa en virtud de la compensación favorable que reciben en Caranavi de 400 hectáreas”, dice el documento suscrito entonces. En 1972 un decreto transfirió el predio a la municipalidad.
“Lo que alegan (los comunarios) es que jamás se consolidó la compensación”, explicó Campero. “Difícilmente vamos a hacer (que se respete la propiedad edil) cuando no tenemos la posibilidad de usar la fuerza pública para hacer cumplir las órdenes de demolición”, añadió.
La Subalcaldía denunció que hay “grupos organizados” de loteadores —a los que no identificó— que contratan personas para invadir, tomar posesión y permanecer en terrenos de propiedad de terceros por un tiempo para luego venderlos.
“No pasa por un simple loteamiento, donde personas que necesitan viviendas van y toman los predios, ellos lo revenden y engañan a la gente. No sabemos sus nombres. Las acciones que tomamos es seguir procesos técnicos administrativos”.
Estos sumarios tienen como base la Ordenanza Municipal 076/2004, que fija todos los parámetros para fiscalizar y administrar un territorio. “Una vez que identificamos un avasallamiento o el loteo de un área municipal, iniciamos fiscalización con la norma 076”, precisó.
Facundo Hurtado, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de la zona Sur, sostuvo que los avasalladores se aprovechan del conflicto de límites que tiene La Paz con sus vecinos de Mecapaca, Achocalla y Palca, ya que alegan que cuentan con autorización de construcción emitido por sus gobiernos locales, a los que pagan impuestos.
Mecapaca Autorizó Edificación
TENSIONES
Las 11 familias que el 1 de mayo de 2014 se asentaron en un área forestal de 5.000 a 10.000 metros cuadrados del Parque Nacional Mallasa tienen folio real, impuestos pagados y planos aprobados por la Alcaldía de Mecapaca. Alegan que compraron los lotes a los descendientes de Hilarión Daza, uno de los primeros colonos.
