La Justicia de Bolivia condenó al ciudadano de este país Grover Morales a 17 años de cárcel por el secuestro de una menor marroquí residente en España, a la que el ahora condenado raptó de ese país europeo y mantuvo cautiva en la selva boliviana durante siete meses.
Según la sentencia, a la que tuvo acceso Efe, un juzgado del departamento central de Cochabamba encontró a Morales culpable de los delitos de trata de personas y abuso sexual.
El caso, que tuvo una gran repercusión en España, se conoció en marzo pasado, cuando en una operación conjunta las policías boliviana y española liberaron a la pequeña tras siete meses de cautiverio en penosas condiciones en una zona selvática del centro de Bolivia.
El auto del juez establece que Grover Morales deberá cumplir la condena en la cárcel cochabambina de alta seguridad de El Abra, donde este ya se encontraba en prisión preventiva.
La niña Nada I., que residía con sus padres en una localidad de la provincia española de Barcelona (noreste), viajó en avión hasta Bolivia en agosto de 2013 con su captor, supuestamente con autorización de sus progenitores, que, nueve días después, denunciaron ante la policía la desaparición de su hija, tras perder el contacto con ella.
Desde su llegada a Bolivia y durante siete meses, Grover Morales sometió a la pequeña a un infierno, la hizo pasar por su mujer y la obligó a trabajar en explotaciones cocaleras y en mercados en la zona de El Chapare.
La niña también tuvo que recorrer a pie largas distancias selva adentro obligada por su secuestrador, quien trataba de huir de la presión policial.
Una operación conjunta de las policías boliviana y española el pasado 8 de marzo permitió liberar a la niña, que regresó a España el 17 de ese mismo mes.
El rescate, que contó con el respaldo de la Embajada española en Bolivia, entrañó gran complejidad, ya que la niña estaba cautiva en una zona de difícil acceso.
A su llegada a España, la menor ingresó de forma preventiva en un centro de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia del Gobierno autónomo catalán, después de que un juez imputara a sus progenitores por un delito de abandono de familia.
