En medio de una lluvia de críticas y pedidos de renuncia de su directora Agustina Quispe, el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) informó de la sustitución de todo el personal que prestaba servicios en el Hogar Virgen de Fátima, que ayer fue precintado por la Policía y los niños trasladados a otros centros. En este albergue se presume que fue víctima de abuso sexual el bebé Óscar Alexander, de ocho meses, quien falleció en un hospital.
“Se está relevando a todo el personal, el violador puede que esté o no esté ahí, (pero) se han tomado las medidas necesarias, y un médico del Sedeges fue a realizar las evaluaciones”, dijo en conferencia de prensa Karen Pereira, jefa jurídica de la institución que depende de la Gobernación.
La medida fue adoptada para garantizar la seguridad de los 105 niños, de cero a cinco años, que alberga esa casa situada en la calle 3 de Obrajes. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Municipal de La Paz anunció que solicitó una intervención a éste y a los otros 11 hogares que dependen del Sedeges para verificar la situación de los amparados.
“Se ha solicitado que haya intervención, juntamente con el Sedeges”, dijo Jaqueline Llanos, funcionaria de la Unidad de Atención Integral a la Familia de la Subalcaldía Max Paredes. Teófila Guarachi, representante en La Paz de la Defensoría del Pueblo, informó que ayer hicieron verificaciones defensoriales en el Hospital del Niño, en el Juan XXII, en el hogar y en la morgue. “El Ministerio Público no nos ha dejado ingresar (al hogar) porque estaba precintado, tampoco podíamos entrar a la fuerza”, comentó. Según Guarachi, se produjo un vacío en la atención del bebé en el Hospital del Niño.
“Nos llama la atención que le hayan cerrado la puerta al bebé. Creemos que existe un vacío que se ha generado. Ellos tenían la obligación de cumplir con la Constitución Política del Estado, que dice que se debe atender con prioridad, celeridad, primacía e inmediatez una situación como ésta”, observó la funcionaria.
El 28 de agosto, la representación defensorial hizo una inspección al hogar y verificó que no contaba con personal suficiente y que abogado, nutricionista y parvulario visitaban el hogar cada dos o tres días. “El hogar tenía un médico y vamos a preguntarle por qué no ayudó. Nos preocupa la situación jurídica de los niños”, advirtió.
Villena pide informe sobre los albergues
La Defensoría del Pueblo pidió ayer a la Gobernación de La Paz un informe pormenorizado de las medidas de seguridad y control de los albergues y centros de acogida que están bajo su dependencia, tras la violación en el Hogar Virgen de Fátima de un bebé de ocho meses, que falleció la noche del jueves producto de graves lesiones internas.
“La Gobernación no puede eludir su responsabilidad en este caso, porque estos centros están bajo su dependencia”, declaró el defensor Rolando Villena.
El gobierno departamental, a través del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), debe informar sobre los protocolos que se aplican para garantizar la seguridad y protección de niños que se encuentran a su cuidado; los criterios, requisitos y evaluación sicológica que se aplican al personal que se contrata y un detalle de los casos de violencia sexual o física que se hayan producido en estos albergues.
“A partir de estos informes y de los resultados de la verificación defensorial, la institución exigirá la reestructuración de los centros de acogida dependientes del Estado para garantizar que se implementen efectivas medidas de seguridad y control que garanticen la integridad física y sicológica de menores de edad en situación de abandono”, anunció Villena. La Unidad de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría elaborará un informe nacional.
