La intervención al hogar Virgen de Fátima, donde vivía el bebé Alexander, confirmó el maltrato a los niños acogidos, además de una serie de irregularidades que derivarán en denuncias penales, informó ayer la ministra de Transparencia, Nardi Suxo.
“Nosotros ya hemos identificado a algunas personas responsables, y también las responsabilidades penales. En una semana más, máximo, presentaremos la primera denuncia en contra de estas personas (identificadas como responsables de las irregularidades)”, anunció la ministra Suxo, en el canal televisivo Cadena A.
La autoridad evitó dar el número de involucrados, pero indicó que por los primeros informes de la investigación ya se suspendió a algunos funcionarios del hogar y otros enfrentan un proceso. “Prefiero reservarme (los nombres) hasta el día que presentemos la denuncia porque tenemos que evitar que la persona identificada se pueda fugar”, señaló.
La abogada penalista Paola Barriga, en una anterior oportunidad pidió el cambio del personal del hogar Virgen de Fátima, basada en el informe de 2009 del Comité de la Niñez de la Organización de las Naciones Unidas, que sugirió designar personal especializado.
Antecedente. El hogar Virgen de Fátima fue intervenido el 13 de noviembre por los ministerios de Transparencia y de Justicia, tras la muerte del bebé Alexander. Hasta ahora no hay un diagnóstico preciso sobre la causa de la muerte, aunque inicialmente se informó sobre una supuesta violación.
Además de ese hecho, durante el proceso de investigación se presentaron otros casos como el de una menor de tres años que habría sido violada y el de la niña Milagros, cuyo examen médico detectó varias fracturas y lesiones. Suxo mencionó también las irregularidades administrativas detectadas en el hogar, como las solicitudes de compra de alimentos en cantidades “llamativas”.
“Tenemos el caso de gente que solicitó la compra de 100 quintales de harina para un mes, ¿es panadería o un hogar de niños?, o 1.000 litros de aceite sin ningún procedimiento, sin informe de nutricionista. Son temas que llaman la atención y es algo por lo que corresponde presentar una denuncia penal”, sostuvo la ministra.
Dan plazo para informes
La Comisión de Derechos Humanos dio 48 horas, a partir de hoy, a cinco de las nueve gobernaciones que aún no entregaron informes sobre la situación de las casas de acogida de niños y adolescentes. “Hemos pedido un informe a las nueve departamentales sobre las casas hogares, pero solo respondieron La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca. Como los otros no mandaron, lo que nos queda es enviar la conminatoria a los gobernadores”, informó ayer el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle.
El asambleísta señaló que si en 48 horas los gobernadores de Tarija, Beni, Santa Cruz, Pando y Cochabamba no responden la solicitud, sus autoridades tendrán que presentarse ante el plenario para dar un informe oral.
El documento que solicitó la Comisión debe contener los datos sobre el número de casas de acogida que hay en el departamento, estado de la infraestructura, cantidad de personal que trabaja en cada uno de los hogares, y si éstos están capacitados para atender a los menores, entre otros aspectos.
