El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, sostuvo que el trabajo sexual debe ser reconocido como una fuente laboral para acabar con la discriminación, estigmatización y vulneración de los derechos de las mujeres que están dentro de esta actividad.
El objetivo de la norma, señaló Villena, es empezar a cambiar el estigma bajo el cual se encuentran las trabajadoras sexuales, quienes son vulneradas en sus derechos, no sólo de parte de instituciones como la Policía, sino también de la misma población, cuyos prejuicios las llevan a ser discriminadas de la sociedad.
«Están en una situación de mayor vulnerabilidad porque las que ejercen este trabajo, que debe ser reconocido como fuente laboral, son las más discriminadas, la discriminación viene de la misma Policía, de la misma sociedad, porque son utilizadas para satisfacer el sexismo, estos apetitos propios de nuestra humanidad», manifestó Villena a la ANF.
El reconocimiento debe darse, señaló, a través de una ley que no sea trabajadas para ellas, sino con ellas, más aún cuando actualmente están agrupadas en instancias como la Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer (ONAEM).
«Se debería trabajar con ellas no pensar por ellas (…). Ellas deben jugar un rol cada vez mas protagónico para dignificar su fuente de trabajo y que las consideren como personas y no como objetos», expresó.
A criterio de la representante de la Defensoría del Pueblo en La Paz, Teófila Guarachi, si bien es necesario trabajar en normativas, también se debe tomar en cuenta las sanciones para delitos que puedan cometerse en el ejercicio de esta labor, por ejemplo, el empleo de menores de edad.
«Nunca se hace referencia precisamente a sanciones especificas que tendrían que tener para empezar los consumidores, los dueños de estos lenocinios,los administradores, en muchos casos consumidores de sexo con menores de 18 años, que constituye un delito», señaló.
De acuerdo con datos de la ONAEM, alrededor de 2.000 mujeres en Bolivia ofrecen los servicios de trabajo sexual, muchas de ellas en condiciones diversas, desde lenocinios hasta whiskerías, casas de cita y la calle, la mayoría bajo el manto de la clandestinidad, por el cual sufren vulneración a sus derechos humanos.
Con el reconocimiento de su trabajo, la ONAEM señala que se lograría acceder a beneficios sociales como el seguro de salud, seguro materno infantil, renta para jubilación y otros derechos.
