Un consejo directivo, conformado por cinco personas, será responsable de la administración del Fondo del Seguro Privado de Vida para Trabajadores de la Prensa. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) observó la modalidad de registro de beneficiarios.
“El consejo directivo, integrado por cinco miembros, fijará el monto para los beneficiarios y el procedimiento de adjudicación de la empresa aseguradora”, explicó el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Prensa, Erwin Valda. El gabinete ministerial aprobó el miércoles las modificaciones del Decreto Supremo 1557, de la Ley 315, Seguro Privado de Vida para Trabajadores de la Prensa.
En el anterior documento, en el inciso II del artículo 8 (Términos y condiciones del seguro), se estableció Bs 174.000 como monto indemnizatorio, pero quedó anulado con la modificación, que establece que el pago único a favor de los beneficiarios del seguro será definido por el consejo directivo.
Este consejo estará compuesto por dos representantes de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, un delegado de los medios de comunicación públicos, otro de los medios privados y uno del Ministerio de Comunicación. El grupo debe estar conformado en un plazo de 15 días hábiles, a partir de la publicación del Decreto 1557, emitido el 31 de diciembre de 2014.
En la Ley 315 se establecía la participación de representantes del Ministerio de Trabajo y organizaciones indígenas en el Consejo, lo que quedó anulado con la modificación vía decreto.
Respecto al monto indemnizatorio, el ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores de La Paz, Boris Quisbert, indicó que el cambio fue sugerido por el Tribunal Constitucional. “Mencionaron que no se deberían hablar de los ingresos brutos (total ganado) de las empresas, sino de los netos (ingreso bruto menos las deducciones por cargas sociales y fiscales), por lo que cambió el monto indemnizatorio y será el consejo el que lo defina”.
Mediante un comunicado, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) lamentó la promulgación del decreto, porque la imposición de un nuevo tributo lesiona la economía de empresas periodísticas, y de sus trabajadores al disminuir sus ingresos por concepto de prima anual.
El director ejecutivo de la ANP, Juan León, señaló que si bien están de acuerdo con el seguro, no están conformes con la forma en que se plantea. “No se conoce cuántos son los beneficiarios de este proyecto, ni tampoco se hizo un estudio técnico económico de cuánta gente será beneficiada o cuánto de dinero se dispondrá”. Una segunda observación es que no hay un mecanismo de control y seguridad “suficientemente idóneo” como para evitar actos de corrupción o malos manejos del fondo del seguro.
Según Valda, se sugirió como un mecanismo de control a la administración del fondo la rendición de cuentas, dos veces al año, a las federaciones departamentales y trabajadores de base. El requisito único para acceder al beneficio del seguro de vida es que el trabajador se afilie ante instancias como la confederación, las federaciones, sindicatos o los comités sindicales. “Sindicato o comité sindical que esté excluido o que haya pedido licencia quedará exento de formar parte de las listas de los beneficiarios”, explicó.
Aclaró que la ley no tiene alcance para beneficiar a las esposas o hijos, solo a los trabajadores. Dentro de los favorecidos estarán los periodistas jubilados. Y advirtió que de hallarse un beneficiario que no pertenece al gremio, la instancia de su inscripción será sancionada. Se calcula que en el país hay 10.000 trabajadores en prensa, 1.400 de ellos en La Paz.
Mientras que Quisbert indicó que se empezará con un nuevo registro de los trabajadores de La Paz porque, según reglamento, tienen 30 días para actualizar listas. Recordó que entre los requisitos está ser trabajador de un medio, aporte sindical y llenar un formulario.
