La demanda penal interpuesta por una autoridad con sida en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, por su infidencia con un diagnóstico, será ampliada a los responsables de los programas de VIH y Tuberculosis, por la misma causa. “Los hechos por los que nos querellamos contra el ministro (Calvimontes) se mantienen, pero además ampliaremos la responsabilidad a las personas a cargo de dos programas (VIH y Tuberculosis), que actuaron de manera criminal al revelar aspectos que por ley no se puede”, anunció ayer Eduardo León, abogado y vocero de la autoridad con sida.
La declaración fue dada después de que Calvimontes reconoció que obtuvo el diagnóstico del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida) y tuberculosis, que padece una autoridad, mediante informes de los programas de VIH y Tuberculosis, dependientes del Ministerio de Salud.
Dicha información fue parte de una respuesta escrita que proporcionó el ministro a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el 24 de diciembre de 2014.
“(…) Según informes evacuados por los programas nacionales de VIH/sida y Tuberculosis, dicho paciente no ha cumplido con los tratamientos gratuitos proporcionados exclusivamente por el Estado a pesar de reiterados pedidos”, señala el documento.
León agregó que presentarán la ampliación de responsabilidades hasta el martes. “Si el juez lo admite, entrará al mismo proceso; si lo rechaza, vamos a tener que procesarlos por separado”. Mencionó que la Constitución Política del Estado señala que “toda persona que viola derechos o garantías constitucionales es responsable de manera personal, sin que valga de justificativo haberlo hecho por orden superior”.
El Ministro de Salud reveló el 22 de diciembre del año pasado que una autoridad padece de sida, pese a que la Ley 3729 (de personas que viven con VIH) garantiza la confidencialidad del diagnóstico e identidad de portadores; cuatro días después tildó al paciente de “doblemente peligroso para la sociedad” y anunció que se realiza una “investigación” al entorno del afectado.
La Razón publicó el 31 de diciembre que la víctima de infidencia demandó al Estado y al ministro por una indemnización de $us 10 millones por “grave daño civil, emocional y psicológico”. Pero además solicitó al Colegio Médico retirar la matrícula profesional a Calvimontes.
León resaltó ayer que la misma solicitud será interpuesta ante el ente colegiado contra los responsables de los programas de VIH y Tuberculosis, Carola Valencia y Julio Sumi, respectivamente. Este medio intentó contactarse con ambos, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
Matrícula. Édgar Villegas, presidente del Colegio Médico de Bolivia, señaló que la demanda contra el ministro ya llegó al Colegio Médico de Santa Cruz, donde está afiliado, y una vez recibida por el ente nacional, irá al tribunal de ética. “Esta instancia definirá el caso, si hay suspensión temporal o definitiva del ejercicio médico”. Respecto a la misiva del titular de Salud, la presidenta de la APDHB, Yolanda Herrera, manifestó su indignación y reiteró su adhesión a las acciones que asuma la víctima de infidencia.
“La carta ratifica que no hay respeto de los derechos humanos, más bien lo que hace es corroborar la discriminación y exclusión de una población que enfrenta una enfermedad”, expresó. Violeta Ross, activista de RedBol, consideró que con la misiva Calvimontes “busca lavarse las manos”. “Él, siendo Ministro de Salud, puede pedir información y sería difícil que se la nieguen, aunque eso no libera de responsabilidad a los que la entregan”.
Indígenas demandan a Evo destituir al ministro
El Secretariado Internacional de Pueblos Indígenas en respuesta al VIH/sida, la Sexualidad y Derechos Humanos (Sipia), que agrupa a indígenas con el virus y activistas, demandó al presidente Evo Morales destituir al ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, por sus actos de infidencia.
“Hermano Presidente, como pueblos indígenas de Latinoamérica creemos que se han afectado los derechos de todas las personas que viven con VIH en Bolivia, en especial de los indígenas afectados por esta pandemia (…) le demandamos que intervenga para que se tomen medidas legales y administrativas, y el Ministro de Salud sea cesado de su cargo”, señala la carta abierta de Sipia.
La organización indígena, con sede en Chile, expresó su solidaridad con el afectado y resaltó que esa infidencia “es noticia regional”. Recordó que la discriminación a personas con el virus está prohibida por el Derecho Internacional.
Asimismo, la Federación Trabajando en Positivo, agrupación española de lucha contra el sida, y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, también de España, publicaron sus cartas abiertas en demanda de la destitución. Sin embargo, Morales justificó y ratificó hace cinco días al ministro.
