María M., de 27 años, fue asesinada el martes 20 de enero en la cárcel de San Pedro de La Paz. Juan L., de 32 años, su pareja desde hace cinco años, confesó el crimen. El sujeto cumplía una pena de prisión por la muerte de su primera esposa, a quien le quitó la vida en 2007.
La víctima decidió llevar a sus dos hijas a visitar a su pareja. Ella se alistaba desde principios de enero para emprender viaje a Santa Cruz junto a la hija de ambos, de dos años, para trabajar y creyó que la noticia iba a alegrar a su pareja. “En su defensa, el presunto autor de la muerte indica que se sulfuró (encolerizó) al enterarse de que ella se iría a Santa Cruz con su hija”, explicó el coronel Franklin Llanos, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en La Paz.
El cordón y el pañuelo con los que fue estrangulada fueron encontrados por la Policía junto al cadáver de la mujer la tarde del miércoles, tras un rastrillaje por todo el penal. La muerte de María se convierte en el primer feminicidio de 2015, dijo la coronel Rosa Lema, directora nacional de la FELCV.
Sin embargo, la primera víctima de la violencia machista fue Felipa C., de 26 años, quien falleció el 9 de este mes, luego de permanecer nueve días en estado de coma en el hospital Viedma. La víctima fue brutalmente golpeada y arrojada desde un segundo piso por su esposo el 1 de enero.
El reo cumplía desde hace ocho años una pena por asesinar a su primera cónyuge, a la que asfixió con un cinturón. Hace cinco años conoció a María M., una joven tramitadora, madre de una niña, que trabajaba en el Instituto de Contaduría que funciona en el penal y que es parte de los programas de reinserción social. Ambos se enamoraron e iniciaron una relación. Pese a la situación de Juan L., ambos procrearon una niña que vio la luz hace dos años.
La relación marchaba bien, la niña crecía, él intentaba reformarse y obtener una profesión para sustentar a su nueva familia. En esas circunstancias, María decidió, como lo hacía desde hace algún tiempo, visitarlo junto a sus dos hijas. Después de saludar a las niñas, “el hombre les habría dicho que ‘vayan al baño’ y que él hablaría con su madre en el instituto”, explica un investigador. Fue la última vez que las infantes la vieron con vida.
En la oficina del instituto, tras escuchar que María iría a trabajar a Santa Cruz con la hija de ambos, el recluso la mató con el cordón de uno de sus zapatos. Nadie se percató del crimen. Para esconder el cadáver, lo dobló en dos y cubrió con una colcha. Al día siguiente, miércoles, llamó a la que iba a ser su suegra para informarle que debía recoger a las dos niñas. La abuela llegó por la tarde al recinto, quiso ver a su hija y sus nietas, pero solo salieron las infantes.
El carnet de identidad de María M. seguía en la puerta principal, pero no había rastros de ella, hasta que se ordenó un rastrillaje que dio con su cuerpo en la oficina donde hace tres años conoció a su victimador. El hombre fue conducido a las celdas de la FELCV, dio su declaración ante la fiscal Susana Boyán y fue remitido como detenido preventivo al penal de Chonchocoro.
“Estamos en el proceso de investigación, no podemos dar más información”, dijo ayer la coronel Lema. Mientras que Llanos se limitó a indicar que el sujeto fue trasladado a Chonchocoro. Dos investigadores, uno del penal de San Pedro y otro de la FELCV, indagan el feminicidio, penado con 30 años sin derecho a indulto. Como en Bolivia no hay sumatoria de penas, el sujeto no pasará más de 30 años en la cárcel.
Coordinan tareas con la DGRP
La FELCV coordinará tareas conjuntas de seguridad con la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP) para controlar las visitas conyugales. La muerte de María M. dentro del penal de San Pedro la pasada semana activó las alertas respecto a las visitas que hacen mujeres a sus esposos.
Niños en la cárcel de San Pedro
En los 54 centros de reclusión de todo el país hay cerca de 1.200 niños que viven junto a sus padres. En San Pedro son aproximadamente 300 los que acompañan a sus progenitores que cumplen sentencias por diferentes delitos, según un informe de 2013 de la Defensoría del Pueblo.
