La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que el Estado boliviano violó los derechos a la libertad personal, a la propiedad privada y a la libre circulación de la exalcaldesa de La Paz Lupe Andrade y remitió su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), se informó ayer.
A través de un comunicado de prensa, la organización explicó que las violaciones fueron identificadas en tres de seis procesos seguidos contra la exautoridad.
Andrade fue procesada por presuntos malos manejos de recursos económicos públicos en el ejercicio de sus cargos de concejala, presidenta del Concejo y alcaldesa de La Paz (1998-2000).
La Razón intentó contactarse telefónicamente con la ministra de Comunicación, Marianela Paco, para conocer su punto de vista sobre la determinación de la CIDH, pero no tuvo éxito.
También intentó contactar a algún funcionario del Ministerio de Justicia, pero a las 16.00 informaron que no había nadie en la oficina de prensa.
La revisión de la denuncia da cuenta de que el Estado vulneró los derechos de la exautoridad al ejecutarse un hábeas corpus a cinco meses de haberse resuelto y no fijar de forma individual la fianza determinada. “El Estado violó el derecho a la libertad personal y el derecho a la propiedad privada”, refiere la nota. Además del arraigo dispuesto contra la acusada, que le impide salir de Bolivia desde hace más de diez años, no se respetaron los “estándares interamericanos”, por lo que se violó su derecho a la libre circulación, agrega.
El caso fue remitido a la CorteIDH después que el Estado no cumpliera con recomendaciones como levantar las medidas cautelares, garantizar un proceso expedito e imparcial y tomar acciones para evitar similares hechos.
