El consejero de la Magistratura Róger Triveño anunció que la jueza de Viacha, Lorena Camacho, será sometida a un proceso disciplinario por el caso de detención del periodista de El Diario Carlos Quisbert. La Fiscalía General del Estado investiga también el procedimiento que siguieron los fiscales. Se advierten sanciones.
Quisbert fue detenido el domingo por tratar de entrevistar a una de las implicadas en la muerte del bebé Alexander, Madeleine P. Ch., quien está detenida en el centro para menores de 21 años, Qalauma. La mujer era la madre sustituta del infante de seis meses en el Hogar Virgen de Fátima. Triveño sostuvo que la jueza Camacho podría incluso ser sancionada en caso de que se establezca alguna responsabilidad en su actuación judicial. La apertura del proceso fue encomendada al encargado del Consejo de la Magistratura en La Paz.
Ariel Marañón, jefe de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura de La Paz, indicó que solicitó y recibió de la jueza un informe sobre su accionar en el caso Quisbert, el mismo que fue remitido a la presidencia del Consejo de la Magistratura de Sucre para su revisión.
“Ella dice en su informe que le fue presentada una imputación formal contra Carlos Ángel Quisbert señalando audiencia de aplicación de medidas cautelares, que como corresponde debe hacerse en 24 horas. Al no tener elementos de convicción, porque en su declaración él (Quisbert) se acogió al derecho de silencio, ella determinó esa situación (detención)”, mencionó Marañón. Agregó que dicho documento es analizado por un equipo de profesionales en La Paz y también en Sucre, quienes verificarán si hubo vulneración a algún derecho.
“Se analizará, tal vez haya alguna observación al informe que nos enviaron. Nos preocupa mucho que en algún momento se podría haber actuado muy arbitrariamente, vamos a hacer lo que corresponde de acuerdo a nuestras competencias. Hasta mañana nos pronunciaremos sobre si hubo o no irregularidades”, dijo Marañón. No obstante, sostuvo que preliminarmente observan una serie de “fallas” en el proceder del Ministerio Público, y no de la jueza Camacho, al enmarcar el delito de corrupción, en base a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, para la detención de Quisbert.
“La detención no la hace el juez sino el fiscal asignado al caso, ellos son los que determinan. La jueza se encarga de ver las garantías, y de acuerdo con la ley, todos los detenidos en temas flagrantes tienen que estar en 24 horas ante el Juzgado Cautelar y se ha cumplido esa situación. Esa detención, la imputación y todo eso de la celeridad, lo hizo el Ministerio Público”, expresó Marañón.
La Constitución Política del Estado reconoce en su artículo 107 la vigencia de la Ley de Imprenta como norma que regula el ejercicio periodístico. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, arribó ayer a La Paz para revisar personalmente el caso de Quisbert. Mencionó que se investiga también el accionar del fiscal de Viacha, Rudy Terrazas, y si existen realmente elementos para la imputación.
“Estamos revisando e investigando para ver si hubo esta vulneración y si (la imputación) se ha salido del marco de lo legal; en ese caso, por supuesto ameritará un proceso y, de ser sancionado, amerita también pues el resarcimiento de cualquier daño que podría haberse ocasionado”, dijo Guerrero, a tiempo de garantizar el respeto a la democracia y a la libertad de expresión.
La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz denunció ayer a la jueza Camacho y al fiscal de materia Marco Antonio Vargas por la comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y la ley, y delitos contra la libertad de prensa. Además, exigió la misma celeridad aplicada en el caso de Quisbert.
Posiciones sobre la detención
Repudio
El expresidente Carlos Mesa (2003-2005) calificó la detención de Quisbert como una “vergüenza” y cuestionó al Ministerio Público.
Gobierno
El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, consideró que las causas de la detención deben investigarse a fondo.
Educadora pide un proceso abreviado
Guadalupe Tapia
Madeleine Pahe Chambi (19), imputada por los delitos de infanticidio en el grado de comisión por omisión, encubrimiento e incumplimiento de deberes en la muerte del bebé Alexander, solicitó acogerse al proceso abreviado, informó el fiscal Leopoldo Ramos. Este procedimiento se aplica solo si el imputado admite los hechos y su participación en ellos. El periodista de El Diario Carlos Quisbert buscaba una entrevista con ella cuando fue arrestado y luego detenido preventivamente en el penal de San Pedro.
“Es un memorial que ha presentado para someterse a procedimiento abreviado”, informó Ramos, quien precisó que la comisión de fiscales que indaga el caso analiza la petición y tomará una decisión hasta el viernes, según un reporte de la red Erbol. La educadora trabajaba en el Hogar Virgen de Fátima y estaba al cuidado del lactante cuando éste presuntamente fue abusado. Alexander falleció horas después, el 13 de noviembre de 2014.
Por otra parte, la defensa del médico del centro de acogida Jhery F., de 34 años, informó el martes que tuvo acceso al resultado de la prueba de ADN y aseguró que no es compatible con su cliente. Paola Barriga, abogada de Sandra M., médica del Hospital del Niño, manifestó que las pesquisas no avanzan porque se cambió a fiscales e investigadores.
“Los del Ministerio Público están generando obstrucción en el caso, andan cambiando y rotando personal, lo que perjudica el proceso. Hace dos semanas cambiaron a los investigadores, pero hasta la fecha no han notificado a ninguna de las partes quienes los van a reemplazar”, argumentó.
