En lo que va del año, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) registró en el país nueve denuncias de agresiones físicas y verbales, amenazas, acoso judicial y encarcelamiento contra trabajadores de la prensa, en ejercicio de sus funciones. La detención de Carlos Quisbert es única en cinco años.
“En este año ya se registraron nueve denuncias de agresiones a periodistas, lo que refleja que hay un desconocimiento de instituciones y funcionarios gubernamentales sobre el trabajo periodístico y ése es un tema que nos preocupa”, informó ayer el coordinador de la ANP, Franz Chávez.
Según la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión, de la ANP, seis de los nueve periodistas sufrieron agresiones físicas y atentados; entre ellos está Erick Dávila, reportero de radio Fides en Santa Cruz, quien el 15 de enero fue detenido por cuatro horas como sospechoso de un acto delincuencial, tras realizar la cobertura de un atraco.
Otro atentado ocurrió el 20 de enero en Monteagudo (Chuquisaca), cuando dos policías borraron fotografías de la cámara de Paolo Alcoba, de radio Suprema, durante un operativo antidroga. El 16 de marzo, Daniel Bedoya, camarógrafo de Católica Tv, sufrió heridas en la cabeza tras ser impactado por una piedra lanzada por choferes movilizados en La Paz.
En los casos de acoso judicial está la sentencia de un año y ocho meses de prisión contra Róger Gonzales, periodista de Sucre (Chuquisaca), por el delito de “instigación a delinquir” a través de mensajes difundidos en un canal durante los hechos del 24 de mayo de 2008, cuando líderes indígenas fueron agredidos, señala la ANP.
José Manuel Manzaneda, periodista de ATB en Cochabamba que investiga casos que implican a policías, recibió el domingo amenazas anónimas y su casa fue manchada con sangre. El caso está dentro de agresiones verbales y amenazas en el monitoreo de la ANP.
Apoyo. Trabajadores de la prensa en Cochabamba se movilizaron ayer en apoyo a Manzaneda y en rechazo a las constantes intimidaciones contra periodistas, comunicó la corresponsalía de este medio en el valle. Angélica Lazarte, jefa de prensa de ATB, presentó una denuncia formal contra el autor por amenazas, acoso e intimidación a periodistas y presentadores del canal televisivo. El coronel Ronald Zabala, director de la fuerza anticrimen, indicó que se investiga.
Otro de los hechos polémicos fue la detención del periodista de El Diario Carlos Quisbert, calificada por el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, de “arbitraria e injusta”. El reportero fue detenido el 8 de marzo, en Qalahuma (Viacha), por tratar de entrevistar a Madelen P. Ch., implicada en el caso del bebé Alexander. Este caso es considerado único en cinco años.
En 2010, la ANP registró 38 casos de agresiones; en 2011, 46; y en 2012, 50. En los próximos días se presentará el informe sobre los años 2013 y 2014. “El riesgo es permanente. Los periodistas siempre son el blanco de ambos bandos de funcionarios de gobierno y organizaciones sociales”, manifestó el coordinador de la ANP.
Garantías en la CPE
Artículo 21
“Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos (…) 5. A expresar y difundir libremente sus pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual”.
Quisbert pide nulidad del caso y su material
Los abogados de Carlos Quisbert, periodista de El Diario, presentaron ayer las acciones legales para la nulidad del caso en su contra, registrado en Viacha como delito de “obstrucción de justicia”, y la recuperación de su material de trabajo retenido en la Fiscalía de ese municipio.
“Estamos presentando en el juzgado de Viacha dos acciones legales; el primero, para que se anule la investigación en mi contra; y el segundo, para la devolución de los materiales de trabajo”, informó el reportero.
Además, pidió a las autoridades actuar con la misma celeridad de su detención en lo que respecta a la solución a su demanda. La petición de la devolución del maletín, con el material de trabajo del periodista, se lo hará primero ante la Fiscalía, dijo el abogado de Quisbert, Cesar Rojas, a tiempo de aclarar que dependerá de ello las acciones siguientes.
Respecto a la querella contra el fiscal y la jueza de Viacha, Rojas indicó que se sumarán al proceso iniciado por la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP). Quisbert reiteró que se vulneró su derecho como ciudadano y periodista porque le privaron del secreto de fuente al “secuestrar” su material de trabajo.
