El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, advirtió hoy que, en un acto de venganza, la Fiscal de Materia de Tupiza, Victoria Fuertes, intenta afectar la independencia y autonomía de la institución defensorial con la aprobación de una orden de detención de la Representante Departamental de la Defensoría del Pueblo en Potosí, Jackeline Alarcón.
Denunció que Fuertes tomó esta decisión en una suerte de ajuste de cuentas con Alarcón, quien hace cinco meses inició una investigación por denuncias de acoso laboral en el Ministerio Público de Potosí, trabajo que derivó en que la Defensoría del Pueblo emitiera una resolución recomendando al Fiscal General el inicio de investigaciones y procesos disciplinarios en contra de Fuertes y otros servidores públicos, por ejercer maltratos, violencia sicológica y acoso laboral dentro de la Fiscalía potosina.
“La pretensión de procesar, perseguir o enjuiciar a las o los representantes de la institución como efecto del cumplimiento de sus deberes implica un grave peligro para la propia institucionalidad democrática, ya que de permitirse dejaría en total indefensión a quienes investigan y denuncian hechos de vulneración de derechos”, advirtió Villena.
Dijo además que esta determinación “abre la posibilidad que funcionarios descubiertos y denunciados por las investigaciones de la Defensoría del Pueblo puedan ejercer persecuciones y amedrentamientos en represalia y valiéndose del cargo o la posición de poder o mal utilizando los instrumentos legales que interpretan a su arbitrio y voluntad”.
La investigación de Alarcón derivó en la suspensión del Fiscal Departamental de Potosí y el traslado de Fuertes a Tupiza. Según el Defensor, la ahora fiscal de Tupiza utiliza su cargo para incluir a la represenmtante defensorial en una denuncia que fue presentada por la concejala del municipio de Vitichi, Leonarda Quispe Flores, por acoso político en contra de terceros.
“La doctora Alarcón, en uso de sus facultades y atendiendo una instrucción de mi autoridad, intervino en este caso, primero evitando que la concejala Quispe fuera objeto de violencia y presiones para renunciar, denunciando este hecho al Tribunal Departamental Electoral y remitiendo un informe sobre el caso al propio Ministerio Público, lo que finalmente generó que se evitara la vulneración de los derechos de la señalada Concejala”, recordó el Villena, según un boletín de prensa enviado por su despacho.
La autoridad hizo notar además que la Constitución Política establece que “la Defensoría del Pueblo… en el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los órganos del Estado” y dijo que este precepto constitucional incluye a todas y todos los representantes de la institución mientras se encuentren ejerciendo su mandato constitucional.
La Ley 1818 establece que, mientras dure su mandato, el Defensor del Pueblo, “no podrá ser enjuiciado, acusado, perseguido o multado por actos que realice en el ejercicio de las atribuciones propias de su cargo” y Villena reiteró que “en este caso la doctora Alarcón actuó por delegación expresa del Defensor del Pueblo”.
