Hipólito Aruquipa, de 67 años, perdió la cuenta del número de fiscales que atendieron su caso desde 2009 y que hasta la fecha no dan solución a su calvario. “Creo que son ocho…”, dijo el hombre, quien denunció a un dirigente vecinal por apropiarse de sus dos lotes. Al igual que él, Agni Barriga, abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Subalcaldía Zongo, quien sigue una causa por maltrato y abuso a una menor de edad desde 2012, vio pasar a tres miembros del Ministerio Público.
“El caso está en el limbo por el manejo administrativo de la Fiscalía. Los casos de la División Familia y Menores que tienen la tipificación de abuso sexual están así porque no hay fiscal”, resumió. Desde la Fiscalía Departamental de La Paz informaron ayer que cada uno de sus 122 representantes atiende al menos 4.000 casos.
“Ellos son cambiados para brindar un mejor servicio, pero es falso que eso provoque mayor dilación”, dijo ayer un personero de la entidad, quien pidió mantener su nombre en reserva.
Hipólito no piensa de esa forma. “Cada vez cambian al fiscal y a los investigadores igual los cambian. El nuevo que atiende mi demanda ha entrado hace un mes, dice que me va a ayudar, pero no sé si eso será cierto”, expresó. Aruquipa compró en 2009 dos terrenos por $us 3.500 en San Luis II de El Alto y el vicepresidente de la zona —según su denuncia— lo habría desalojado y habría vendido uno de ellos a un tercero.
El caso del abogado edil es más complejo, no solo porque este cambio implica volver a fojas cero, sino porque después de que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Subalcaldía Centro les pasó el asunto tanto a él, como al psicólogo Isidro F. L. y a la trabajadora social Rosario A., el sindicado les inició un proceso, que avanza a diferencia del juicio por maltrato y tocamientos sexuales.
El caso data de 2012, y durante todo el proceso pasaron los fiscales Susana Boyán, Tania Alfaro y Lilian Calderón. En las últimas semanas se les informó que Calderón fue reasignada a cumplir funciones en Caranavi.
“Eso es volver a comenzar todo con la dilación que aquello implica”, explicó el profesional, quien el miércoles 18 de marzo fue agredido físicamente por el padre de la víctima. Según el Código Penal, el representante del Ministerio Público es el director funcional de las investigaciones.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, intervino ayer la Fiscalía Departamental de La Paz. “Estamos viendo los flujos de ingreso, el acceso a la justicia, el curso que sigue, por qué hay demora en algunos casos”, señaló ayer en declaraciones a la red de radios estatales Patria Nueva.
