El ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, anunció ayer que el Gobierno alista un paquete de normas jurídicas que serán presentadas el 1 de mayo, Día del Trabajo. Anticipó que un primer borrador de la nueva Ley General de Trabajo y su código procesal forman parte de este grupo.
La autoridad indicó que se emitirán tres decretos supremos que regularán derechos laborales y de organización, además del proyecto de actualización de la normativa laboral.
“Estamos trabajando en varias normas para que sean promulgadas el 1 de mayo. Es costumbre de nuestro Presidente y de nuestro Vicepresidente hacer estos regalos de normativas jurídicas para los trabajadores”, afirmó en declaraciones al programa El pueblo es noticia de Bolivia Tv.
El titular de Trabajo explicó que entre las normativas que se preparan se encuentra un proyecto de decreto supremo que regulará el beneficio social de las vacaciones en el sector público y privado, con un acápite especial que hace referencia al tratamiento que reciben los dirigentes sindicales.
Un segundo decreto determinará que el Ministerio de Trabajo sea la única instancia que pueda reconocer a los dirigentes sindicales y también otorgue las personerías jurídicas a las organizaciones de trabajadores. Trigoso reconoció que no hay regulación en este ámbito y en muchos casos se han hecho estas solicitudes a algunas gobernaciones o municipios.
La tercera norma ratifica varios derechos y conquistas de los trabajadores, esta disposición responde a una solicitud que realizó, hace un tiempo, la Central Obrera Boliviana (COB). “Es un texto que cumple con las necesidades de los trabajadores”, comentó la autoridad de gobierno.
Ley. Trigoso anunció que durante esta semana se entregará a la COB un borrador de la nueva Ley de Trabajo, que incluye los 59 artículos propuestos por el ente matriz de los trabajadores. Se espera que el documento pueda ser socializado, consensuado y enriquecido con los criterios que emita la dirigencia de la entidad sindical.
El Ministro de Trabajo dijo que esta ley es una “necesidad histórica”, puesto que el texto que está vigente fue dictado en 1939 y está próximo a cumplir 76 años, en ese lapso de tiempo ha sufrido al menos 2.000 modificaciones en diferentes decretos, resoluciones y disposiciones. Relató que estudios académicos han demostrado que solo 24 artículos de la actual ley están vigentes, por lo que la aplicación de la normativa laboral se convierte en un “entramado”.
“Hay una enorme voluntad en los trabajadores, en el ejecutivo de la COB y sus bases para que se apruebe en esta gestión la nueva ley general”, subrayó Trigoso.
Según la autoridad, la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB) ha manifestado su voluntad de participar y contribuir en la construcción de la nueva ley, incluso mencionó que los empresarios estarían dispuestos a modificar su estatuto orgánico para eliminar un artículo que les impide negociar problemas económicos con el Gobierno y los trabajadores.
El Gobierno plantea crear un tribunal laboral
José Luis Columba
El Gobierno propone la creación del Tribunal Supremo del Trabajo y Seguridad Social, cuya finalidad será independizar y hacer autónoma a la justicia laboral. Esta instancia tendría la misma jerarquía que el resto de los tribunales supremos del Estado.
El ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, explicó que la iniciativa busca reponer lo que fue la Corte Nacional de Trabajo, que estuvo vigente hasta el año 1993.
“Es fundamental para los temas laborales que haya un tribunal especializado en la resolución de temas laborales. El derecho del trabajo es una disciplina autónoma e independiente”, expuso la autoridad gubernamental.
A criterio del abogado laboralista y actual titular de esta cartera de Estado, la estructura de justicia confunde el derecho al trabajo con el derecho administrativo.
El nuevo tribunal tendría potestad para dilucidar conflictos por beneficios sociales, reincorporaciones de trabajadores, violaciones a fueros sindicales e infracciones a leyes sociales. En cuanto a seguridad social, atenderá procesos coactivos sociales, procesos ejecutivos sociales como los relativos a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) además de la seguridad industrial.
